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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio de 2025 – Hay al menos 4 aspectos que deberá contener la propuesta de reforma para la implementación de las 40 horas semanales en México, éstas son: gradualidad en la implementación; flexibilidad en los esquemas de tiempo; sectorización de la reforma e incentivos fiscales para horas extraordinarias, afirmó Óscar de la Vega Castillo, asociado del despacho De la Vega y Martínez Rojas

 

Lo anterior, luego de analizar las diferentes propuestas que se presentaron en los 6 foros que organizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que ya en sí mismos, fueron un avance importante para la discusión.

 

“Tras la exitosa conclusión de seis foros de diálogo en diversas ciudades del país (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún), la STPS se prepara para presentar una propuesta consolidada que refleje las inquietudes y necesidades tanto de trabajadores como de empleadores, y que se centrará en cuatro aspectos fundamentales para su implementación”, recordó De la Vega Castillo.

 

Destacó la apertura del gobierno federal para escuchar a todos los sectores involucrados, lo cual ha permitido recopilar una visión integral sobre los pros y contras de esta trascendental reforma. «El diálogo entre los sectores es crucial para llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores, pero que también permitan a las empresas mantener la productividad».

 

Entre las principales propuestas que se están perfilando para la elaboración de la reforma, se encuentran:

● Gradualidad en la implementación: Se contempla una aplicación progresiva de la reducción de la jornada. Si bien la meta de 40 horas semanales se alcanzaría como máximo para el año 2030, se proyecta que a partir de 2026 se comience con una primera reducción, posiblemente a 46 horas, y se continúe disminuyendo cada dos años hasta llegar a la jornada final. Esta gradualidad busca minimizar el impacto en las empresas y permitir una adaptación adecuada.

● Flexibilidad en los esquemas de tiempo: Se analiza la implementación de modelos como «tiempo por tiempo» o jornadas mensuales en lugar de semanales, ofreciendo así mayor adaptabilidad a las particularidades de cada sector e industria.

● Sectorización de la reforma: Se reconoce que la aplicación de la reducción de jornada no puede ser uniforme para todos los sectores. Se buscarán esquemas diferenciados que tomen en cuenta las particularidades de industrias como la manufacturera frente a las oficinas, por ejemplo, para asegurar una implementación efectiva y justa.

● Incentivos fiscales para horas extraordinarias: Se contempla la posibilidad de buscar incentivos fiscales para que el pago de horas extraordinarias resulte más beneficioso para los trabajadores, especialmente cuando superen los límites actuales de horas trabajadas.

En relación con la productividad, se ha enfatizado la necesidad de:

● Capacitación del personal: Las empresas deberán implementar planes de capacitación para asegurar que exista mano de obra calificada que pueda suplir los turnos y mantener la eficiencia con la nueva jornada. El gobierno también jugará un rol de apoyo en esta capacitación.

● Cambio de mentalidad: Es fundamental abandonar la creencia de que más tiempo trabajado equivale a mayor productividad. La reforma busca fomentar un enfoque en la eficiencia y el rendimiento, reconociendo que un trabajador con mayor equilibrio entre vida laboral y personal puede ser más motivado y productivo.

La ruta de la implementación

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social está trabajando activamente en la consolidación de todas las propuestas y conclusiones recabadas en los foros. Se espera que para el 30 de julio se tenga un documento previo con los avances significativos de la propuesta.

 

Posteriormente, el 1 de septiembre, el Gobierno Federal presentará su propuesta formal de reforma, la cual se prevé que sea de carácter prioritario para su aprobación.

 

Es importante, dijo De la Vega Castillo, darle seguimiento a todo el proceso que siguen las autoridades laborales, sobre todo porque debe incluir aspectos que beneficien a todos los sectores, a los diferentes tamaños de empresas y por supuesto, a los trabajadores.

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