Los caprichos presidenciales son caros. Algunos tan caros como los del sector energético que le van a costar al país perder décadas de desarrollo, por la falta de disponibilidad futura de energía y por las malas señales para los inversionistas.
Pero ya se pueden contabilizar las pérdidas del capricho energético de miles de millones de dólares de la refinería de Tabasco y los cientos de miles de millones de pesos para subsidiar las gasolinas.
Otra categoría de caprichos caros es el privilegio de las estrategias asistencialistas de corte electoral sobre los programas sociales que funcionaban bien en el país.
La desarticulación institucional del gasto social ha derivado en carencias para los más pobres sobre todo en salud y educación. La dispersión discrecional de los recursos ha mostrado su falta de efectividad en el combate a la pobreza, pero su alta eficiencia electoral.
Pero una de las más notorias evidencias del costo de cumplir la personalísima voluntad de López Obrador se ha dado en el sector de la aviación.
El presidente de “primero los pobres” subsidia las gasolinas, pero no las tortillas; invierte cientos de miles de millones de pesos en aeropuertos y líneas aéreas del ejército, pero no asigna recursos para la reconstrucción de carreteras y caminos rurales que están destruidos por falta de mantenimiento.
La cancelación del Aeropuerto de Texcoco va a ser una referencia histórica que quedará como ejemplo del pensamiento autoritario del actual régimen. Destruir lo construido a cualquier costo para edificar su terminal lejana e inoperante sobre una base militar.
Y en cascada vienen otras decisiones, como forzar a las empresas de aviación a llevar sus operaciones a ese aeropuerto sin importar costos o consecuencias para la viabilidad de las aerolíneas.
Amenazar con abrir los cielos al cabotaje como castigo a los que no encontraron por ningún lado la más mínima rentabilidad de usar el aeropuerto de Zumpango.
Modificar la ley de aviación para que el Ejército se haga cargo de todo, incluida la operación del Aeropuerto Felipe Ángeles donde operará una línea aérea comercial, administrada por el propio Ejército, que evidentemente tendrá un trato preferencial y discriminatorio sobre su competencia.
La cereza en el pastel de las costosas obsesiones presidenciales ha sido el avión presidencial, ese transporte para las tareas de un jefe del Estado. Pero el Boeing 787-8 Dreamliner “José María Morelos y Pavón” al servicio del Ejército Mexicano y designado como transporte presidencial, TP01, fue un manjar para el populismo.
Desde el primer día ese avión se dejó en el hangar, a pesar de ello se mantuvieron los costos de mantenimiento y almacenaje. Se incurrió en gastos innecesarios de transportación aérea para el Presidente y su numerosa comitiva en aviones comerciales y, a pesar del discurso, sigue usando aeronaves de las fuerzas armadas. Y ya vimos que los altos mandos les gusta volar muy cómodos.
El avión presidencial costó 218.7 millones de dólares, que equivalen a 4,000 millones de pesos al tipo de cambio vigente, con los costos financieros el costo supera los 6,000 millones de pesos.
El gran negocio que hoy festeja López Obrador es que lo vendió en 1,658 millones de pesos, lo peor es que hay quien se lo aplaude a pesar de implicar una pérdida tan grande de recursos públicos.
El avión presidencial costó 218.7 millones de dólares, que equivalen a 4,000 millones de pesos al tipo de cambio vigente; se vendió en 1,658 millones de pesos.