Detención de Murillo Karam: distractor, estrategia electoral y venganza política.
Ayuda extranjera en rescate de mineros, una solicitud tardía.
Modificación a los contenidos de la enseñanza básica: un proyecto político
ideológico.
Opinión de Ken Salazar sobre inseguridad: una advertencia preocupante.
Sin duda, la reciente detención del ex Procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, bajo acusaciones de supuesto delito contra la administración de
justicia, por el supuesto falseamiento en la construcción de la verdad histórica del
conocido caso Ayotzinapa, constituye una más de las acciones que el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado en contra de ex
funcionarios del gobierno anterior. La andanada de ofensivas jurídicas
emprendidas por el actual gobierno ha sido, en la opinión de muchos analistas,
producto de un plan que no precisamente se relaciona con la justicia, sino con las
pretensiones mercadotécnicas y político-electorales que mueven al presidente a
hacer un uso ilimitado de su poder con el doble fin de distraer a la opinión pública
de sus yerros gubernamentales, así como para apuntalar electoralmente a su
partido político –MORENA-, todo esto bajo la supuesta bandera de lucha
anticorrupción.
Tarde, quizá muy tarde, el presidente López Obrador venció su orgullo personal y
aceptó y solicitó la ayuda extranjera en las operaciones de rescate de los mineros
atrapados en la mina de carbón “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila. Luego de dos
semanas de infructuosos resultados por parte del gobierno federal y su aparato de
rescate conformado por miembros de las fuerzas armadas, Protección Civil y
diversas dependencias. Según trascendió, desde la ocurrencia de la tragedia
México recibió ofrecimiento de ayuda extranjera que el presidente se negó a
recibir argumentando la autosuficiencia y capacidad del personal de rescate
mexicano, sin embargo, al paso de los días se vio que el esfuerzo del gobierno
mexicano no dio resultados. Así, ante la presión mediática, así como debido a la
desesperación y reclamo de los familiares de los mineros, y ante el costo político
del desacierto cometido, López Obrador no tuvo más alternativa que abandonar su
arrogancia y pedir la ayuda de Estados Unidos y Alemania para intentar rescatar a
los mineros, quienes ya llevan más de 16 días atrapados en la mina, con
condiciones de escasez de oxígeno, exceso de agua y falta de alimentos.
Muy cuestionado ha sido el nuevo modelo en los contenidos educativos de
enseñanza básica que pretende poner en marcha el presidente López Obrador, ya
que se cuestiona el sentido político-ideológico de dicho proyecto. El mandatario ha
sido reiterativo en su discurso contra lo que el llama el “conservadurismo”, el
“neoliberalismo”, el “aspiracionismo”, e incluso ha dejado entrever cierto recelo
hacia la libertad de empresa y la iniciativa privada. Al parecer, los nuevos
contenidos académicos que el presidente ha comenzado a implantar en México
contravienen abiertamente algunos de los valores, principios y filosofía
característicos del libre mercado, el derecho a la propiedad individual y la apertura
económica bajo los cuales viven hoy la mayoría de los países del mundo –
incluyendo a China y Rusia, entre otros-.
Claro y sin ambages fue el mensaje dado recientemente por el embajador
norteamericano en nuestro país, Ken Salazar, al hablar ante un grupo de
empresarios mexicanos respecto a la inseguridad que azota a México. Salazar fue
muy directo y contundente en su intervención ocurrida unos días después de la
avalancha de asesinatos indiscriminados, así como de incendios cometidos contra
personas civiles y establecimientos comerciales, automóviles y autobuses en
varios estados del país como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Baja California. El
diplomático estadounidense no solo dijo que su país y el nuestro deben trabajar
conjuntamente en el combate a la inseguridad, sino que añadió que debido la
situación actual se están enfriando las inversiones de empresas norteamericanas
en México, y finalmente sentenció que ya es tiempo de que haya resultados en el
renglón de la seguridad, todo esto con un evidente matiz reprobatorio hacia la
política “de abrazos y no balazos” sostenida por el presidente López Obrador.