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Un grito de desesperación y rabia irrumpió en la sesión legislativa de Hidalgo, transformando la comparecencia del encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, en un escenario de confrontación cruda, cuando Dulce Olguín Sánchez, una madre despojada de su hija hace tres años y medio por presunta violencia vicaria, se plantó frente al funcionario para denunciar con voz quebrada las omisiones institucionales que, según ella, han permitido que su agresor siga libre y que su hermano de 33 años yaciera acuchillado en una morgue, un doble golpe de impunidad que expone las grietas sangrientas en el sistema de justicia hidalguense.
La interrupción ocurrió durante la exposición de Fernández Hasbun ante diputados locales, donde la mujer, con el peso de una carpeta judicial estancada desde 2022, clamó: «Fíjense la seguridad tan endeble que existe, mi carpeta por violencia vicaria, tres años sin ver a mi hija y a mi hermano lo acaban de matar el lunes«, detallando cómo el asesino de Alán Omar —un hombre fuerte que operaba un restaurante familiar como único sustento— lo sorprendió por la espalda a las 12:55 de la madrugada del 24 de noviembre en Pachuca, hiriéndolo mortalmente y huyendo sin que la fiscalía actuara pese a la información inmediata sobre su identidad, domicilio y ocupación que ella misma entregó a las autoridades, un retraso que la dejó en «ceros» económicos y emocional, agravado por la presunta colusión entre la PGJEH y el DIF estatal para arrebatarle la custodia de su menor.
Olguín no escatimó en dardos: «Es una vergüenza cómo actúas, ¿dónde está el asesino de mi hermano? Te estoy marcando por teléfono, ¿a ver a qué hora me respondes?«, espetó al procurador interino, quien guardó silencio mientras guardias intentaban sacarla del recinto, un forcejeo que capturaron cámaras y que ya viraliza en redes como símbolo de la frustración acumulada por víctimas de violencia de género en un estado donde el 70% de las denuncias por feminicidios y abusos no avanzan más allá de la carpeta inicial, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).
Este estallido no es un eco aislado en Hidalgo, donde casos como el de Rosaura —feminicida en febrero de 2025 por negligencias similares— han forzado disculpas públicas de la PGJEH, pero sin reformas reales que judicialicen expedientes estancados o protejan a madres de la violencia vicaria, un delito que usa a los hijos como arma para silenciar a las mujeres. Mientras Fernández Hasbun prometió «investigaciones exhaustivas» en un comunicado posterior, Olguín salió escoltada pero con la promesa de no callar, exigiendo no solo justicia por su hermano —cuya autopsia confirmó muerte por hemorragia masiva— sino la devolución de su hija y la destitución de funcionarios cómplices, un reclamo que retumba en el Congreso como un ultimátum para un sistema que, en lugar de blindar vulnerables, los deja expuestos al filo de la impunidad.
