Irán ahorcó el miércoles a 29 personas, 26 de ellas en una ejecución colectiva, que habían sido condenadas por crímenes como asesinato, narcotráfico o violación, anunció la oenegé Iran Human Rights (IHR).

Según esta organización con sede en Noruega, la ejecución colectiva tuvo lugar en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, cerca de Teherán. Los otros tres hombres fueron ahorcados en otra cárcel de la misma ciudad.

Otros grupos de defensa de derechos humanos como  Human Rights Activists News Agency (HRANA) y el Centro por los Derechos Humanos en Irán (CHRI), ambos en Estados Unidos, confirmaron la ejecución de al menos una veintena de personas en Karaj.

Irán es el segundo país del mundo que ejecuta más personas cada año, solo por detrás de China, según las cifras de Amnistía Internacional.

Este año ha ejecutado a 313 personas, aseguró el IHR. Pero un ahorcamiento colectivo de esta magnitud no se daba desde 2009, agregó.

«Sin una respuesta inmediata de la comunidad internacional, cientos de personas pueden ser víctimas de la máquina de matar de la República Islámica en los próximos meses», dijo el director de esta ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Activistas por los derechos humanos acusan a Irán de usar la pena de muerte como un método de intimidación tras las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia en 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años arrestada por vulnerar el código de vestimenta femenino.

En la víspera, las autoridades procedieron a la ejecución en la cárcel de Kermanshah, en el oeste del país, de una persona condenada por asesinato durante esas protestas.

Esa región de mayoría kurda fue uno de los epicentros del movimiento de protesta estallado tras la muerte de Amini.

El ejecutado, Gholamreza Rasaei, fue condenado por el asesinato en noviembre de 2022 de un coronel de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, según el órgano de prensa del sistema judicial Mizan Online.

Fue ejecutado en secreto, sin que sus familiares ni su abogado fueran informados. Su familia fue obligada a enterrar el cuerpo en una zona apartada y lejos de su casa, según Amnistía Internacional.

La oenegé denunció que la sentencia se basó en una confesión obtenida bajo tortura y aseguró que la ejecución evidencia la determinación de Teherán de «usar la pena de muerte como una herramienta de represión política para sembrar el miedo en la población».