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Por la misma naturaleza de la reforma aprobada durante septiembre en el Senado de la República, el proceso de elección para jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación en Chihuahua, que tendrá lugar este 2025, posibilita la intromisión de personas no relacionadas con el cargo y, sobre todo, integrantes del crimen organizado.
Esas fueron las palabras del secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña. Desde su punto de vista, resulta alarmante la participación de candidatos con poca o nula experiencia en la impartición de justicia, uno de los riesgos que los legisladores de Morena no «calcularon o decidieron correr» al momento de elaborar el dictamen.
En la renovación de 360 cargos, cuya votación se llevará a cabo el domingo 1 de junio de este año, De La Peña observa la probable aparición de «algunos retos en el término, en la forma en que desarrolla la elección», y recordó que así lo han alertado en repetidas ocasiones académicos y expertos litigantes en la materia.
Interrogado sobre su posible participación, el funcionario refirió que, hasta al momento, no ha ponderado el emitir un sufragio. Aunque remarcó que, en su línea de pensamiento, los ciudadanos tienen la obligación de participar, pues de lo contrario implica renunciar a su derecho a la opinión.
