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La presencia de cigarro pirata de contrabando en el mercado va en aumento debido al encarecimiento del cigarro legal por el IEPS. Por ello, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) presenta la campaña nacional “Vender cigarros pirata no vale la pena”, con la cual se busca informar y prevenir al pequeño comerciante de las graves consecuencias que tendría de caer en la tentación de vender cigarros pirata en sus pequeños negocios, pues hacerlo podría significarles multas elevadas, clausura de su negocio e incluso cárcel, en caso de ser detectados “in fraganti”.

“El consumo legal va en caída libre: de 34,080 millones de cigarros legales en 2021 a 30,160 millones en 2025, -11.5% en cuatro años. Esta caída se ha traducido en un incremento del consumo de cigarro pirata en el país, por lo que el encarecimiento del IEPS, para todo fin práctico, terminó fortaleciendo el mercado negro de cigarros”, explicó Cuauhtémoc Rivera, líder de los comerciantes.  

ANPEC, desde su programa “Diálogos desde la Trastienda”, espacio que convoca a una puesta en común sobre las problemáticas que se presentan en el pequeño comercio, canal de abasto de máxima cercanía, diáspora de más de 1 millón 200 mil puntos de venta, generador de 2 millones de autoempleos y que responde al 52% de la demanda nacional, en esta ocasión convoca a un panel sobre el aumento del IEPS, su impacto en el consumo local y cómo éste ha coadyuvado a la caída de las ventas, complicando la operación comercial de estas pequeñas empresas familiares en un entorno económico adverso de estancamiento e inflación.

El foro contará con la participación de Héctor Saúl Téllez Hernández, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC; Gerardo Esquivel, economista; Noemí Berenice Luna Ayala, vicecoordinadora de la Cámara de Diputados del PAN, y Gerardo Villarreal Solís, diputado federal del PVEM, con la moderación de Miguel Pallares. Se llevará a cabo el martes 12 de mayo a las 11:00 A. M. en el Salón Verde adjunto de la Cámara de Diputados de San Lázaro.

“Una de las aristas de la caída en la venta del cigarro legal ha derivado en una importante evasión fiscal, ya que el mercado negro de cigarro pirata no paga impuestos, fortalece la economía informal y termina siendo un golpe duro a la economía social, además de representar un mayor riesgo sanitario”, señaló Rivera.

En 2025, al menos 23.3% de los cigarros comercializados en México fueron cigarros piratas de contrabando, ilegales, es decir, 1 de cada 4, lo que tuvo como consecuencia una pérdida fiscal para el Estado mexicano que aproximadamente asciende a 1,314 millones de dólares, equivalente a más de 13,500 millones de pesos, mismos que dejaron de ingresar al erario público y que fueron a financiar las alforjas de las pandillas criminales que azotan al país, mientras el consumo legal bajó de 34.08 mil millones de cigarros en 2021 a 30.16 mil millones en 2025; en esa misma proporción se incrementó la venta de cigarro pirata en México: el consumo no se canceló, se trasladó del mercado legal al mercado ilegal.

En paralelo, 11% de los cigarros que se venden en el mundo son piratas; México, al corte, aporta una gran cantidad de ese universo. En tanto, el consumo ilícito de cigarros pirata de contrabando en América Latina representó el 31.9% del consumo total.

“Disparos al aire se informan de vez en vez, como el decomiso de 1.8 millones de cigarros pirata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China y Corea, realizado por la Marina en días pasados. Lamentablemente no se puede tapar el sol con un dedo, ya que aún no tenemos el control de nuestras aduanas terrestres, marítimas y aéreas, siguen siendo un verdadero queso gruyer, por lo que un decomiso al aire no hace verano”, resaltó Rivera.

Recientemente, la venta de cigarro pirata se elevó a rango de delito grave por contrabando. Por ello, ANPEC asume la responsabilidad de informar a los pequeños comerciantes, afiliados o no, de las graves penalidades de este cambio legal: multas, clausuras y hasta cárcel, por lo que el exhorto es a no caer en la tentación de dar la mordida a la manzana del pecado de Eva, no ceder a la tentación y presión de este mercado ilegal, jugoso pero peligroso. Es importante agregar también que ignorar una ley no exculpa de responsabilidades, de ahí que es imperioso informar intensamente de este cambio al canal de abasto tradicional, lo cual justifica plenamente el motivo de esta campaña: “Vender cigarros pirata no vale la pena”.

Lo más preocupante es la normalización del comercio ilícito del cigarro pirata de contrabando, de todos conocido su centro de distribución en la capital, sus cadenas de distribución para su comercialización en los cruceros, en los paraderos de autobús, Metro, en los puestos de revistas y boleros, en el ambulantaje, todo a ojos vistos, se exhiben y comercializan cajetillas pirata con publicidad no neutra, obviamente sin pictogramas de advertencia, incluso se vende cigarro suelto a menores de edad, sin control sanitario ni código fiscal, de mayor riesgo para su consumo.

Un efecto demostración de cómo el mercado negro se cantonea campante por las avenidas y alamedas de nuestro país, con la mirada permisiva y, en algunos casos, coludida con las autoridades, en tanto que el comercio del cigarro legal se le fincan todo tipo de reglas sanitarias, comerciales y una sobrecarga fiscal dejándolo en total desventaja y cada vez más fuera del mercado. Poco a poco la venta del cigarro pirata se apropia del territorio del país imponiendo violentamente su exclusividad, impidiendo la venta del cigarro legal adueñándose de las plazas del territorio nacional. Por ello la relevancia de dirigir la mirada a este segmento comercial que evidencia cómo la legalidad está perdiendo terreno en nuestra sociedad.

Los aumentos sucesivos al IEPS aplicado a productos como los cigarros se han convertido en una variable que afecta la operación del pequeño comercio. El alza en el precio final no sólo encarece el producto al consumidor sino que reduce los márgenes del pequeño comerciante, entregando este espacio comercial a los productos ilegales por baratos, al desplazarse la demanda hacia el comercio informal por bajo precio.  

El efecto se extiende a la economía familiar: actualmente el consumidor no necesariamente deja de fumar sino que migra a opciones más económicas, de origen ilegal, sin controles sanitarios, de dudosa calidad. Para el pequeño comercio, esto significa competir en desventaja con un mercado que no paga impuestos, no cumple regulaciones y no asume riesgos legales.

“El pequeño comerciante no es el villano de esta historia, es una de las víctimas. Cada cigarro pirata que se vende significa menos margen para el pequeño comercio, menos recaudación para el Estado y más espacio para el crimen organizado. Por eso decimos, fuerte y claro: vender cigarros pirata no vale la pena, es un juego de perder-perder para todos”, sentenció Cuauhtémoc Rivera.

Para combatir el contrabando de este tipo de productos se deben fortalecer aduanas e inteligencia fiscal; coordinar a las diversas instituciones para detectarlos a la hora de que ingresan al país, no sólo en el punto de venta; endurecer las sanciones a las redes de distribución ilícita; establecer una mesa permanente de diálogo entre autoridades y el canal tradicional que permita medir el impacto real de las políticas fiscales en la tienda de barrio y promover campañas públicas de información al consumidor sobre los riesgos sanitarios y legales que conlleva consumir cigarro pirata.

ANPEC hace un llamado al poder Ejecutivo, al Legislativo y a las autoridades fiscales y aduaneras a abrir una mesa de trabajo con el pequeño comercio para construir, de forma corresponsable, propuestas de política pública que mitiguen el impacto del IEPS y frenen el crecimiento del mercado ilegal de cigarros, ya que en el 2025 en México 9,190 millones de cigarros ilícitos fueron consumidos, 23.3% del universo total, es decir, 1 de cada 4 cigarros.

La campaña “Vender cigarros pirata no vale la pena” es el primer paso de una agenda más amplia para defender la vigencia del comercio legal, la economía popular y fortalecer el canal de abasto tradicional en México.