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Detectada la irregularidad, la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró una sanción económica e inhabilitación por 10 años para un servidor público, identificado como ABGV, quien, aprovechando su cargo como encargado del Plan Emergente de Apoyo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas afectadas por la pandemia de COVID-19, validó e instruyó el pago de apoyos a favor de su padre y de una empresa de la cual él mismo era socio. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) votó por unanimidad la existencia de responsabilidad, imponiendo una sanción de 67 mil 261 pesos e inhabilitación para el mencionado funcionario por falta administrativa grave, bajo los cargos de conflicto de interés y abuso de funciones. La conducta fraudulenta fue detectada durante la auditoría al ejercicio 2020 del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH).
La Auditoría Forense 2020 al FIDEAPECH reveló la irregularidad en la entrega de subsidios, donde el servidor público, con acceso privilegiado para validar documentación e instruir pagos, aprobó solicitudes y autorizó pagos a su padre y a otra empresa de la cual era socio junto con su hermano, por un total de 67 mil 260 pesos. A pesar de que el FIDEAPECH argumentó una carga excesiva de trabajo debido a la alta demanda del programa, la ASE consideró que la respuesta del ente no proporcionó argumentos concretos para aclarar las conductas irregulares. El informe fue remitido al TEJA, que resolvió la existencia de responsabilidad y aplicó la sanción correspondiente. Con esta, suman dos las sentencias con responsabilidad de servidores públicos estatales obtenidas por la ASE y un total de 12 por conductas detectadas en diferentes procesos de fiscalización.