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Justin Mohn, de 32 años, fue detenido bajo sospecha de asesinato en primer grado después de supuestamente matar a su padre, Michael Mohn, y mostrar su cabeza decapitada en un perturbador video de YouTube cargado de teorías de conspiración de derecha.

La tragedia comenzó cuando la policía del municipio de Middletown respondió a un llamado sobre un hombre fallecido en Upper Orchard Drive. La víctima fue encontrada en el baño de su residencia. La esposa del fallecido fue quien realizó la llamada a los servicios de emergencia. Justin fue detenido como persona de interés y posteriormente arrestado a 160 kilómetros de distancia, cerca de Harrisburg, Pensilvania.

El capitán Pete Feeney del Departamento de Policía de Middletown Township, en el estado de Pensilvania, informó que Mohn enfrenta cargos adicionales de abuso de un cadáver y posesión intencional de un instrumento delictivo. El arresto se llevó a cabo tras la publicación del video, en el cual Mohn sostiene la cabeza de su padre y comparte sus teorías extremas.

En el video de más de 14 minutos, Mohn, con guantes, exhibe la cabeza decapitada en una bolsa de plástico y, posteriormente, en una olla. Durante el perturbador metraje, Mohn describe a su padre, un empleado federal durante 20 años, como un traidor, abogando por la muerte de funcionarios federales y atacando a varias comunidades, incluyendo la administración del presidente Joe Biden, el movimiento Black Lives Matter, la comunidad LGBT+ y los activistas anarquistas de Antifa.

YouTube actuó rápidamente para eliminar el video, citando violaciones a sus políticas de violencia gráfica y extremismo violento. Un portavoz de YouTube emitió un comunicado explicando que el canal de Justin Mohn también fue cancelado de acuerdo con sus políticas sobre extremismo violento.

No está claro por qué Justin Mohn estaba en esa área en el momento del arresto. Sin embargo, se reveló que el detenido había presentado al menos tres demandas contra agencias federales, incluido el gobierno de Estados Unidos, alegando negligencia que lo obligó a solicitar préstamos estudiantiles entre 2010 y su graduación en 2014. Las demandas fueron desestimadas, y las acusaciones fueron calificadas como «totalmente especulativas y sin base fáctica» por un juez.