REFORMA AL PODER JUDICIAL
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, presentó una iniciativa de ley para reformar la constitución, relacionado con el procedimiento de selección de magistrados del TSJ, donde propone crear una comisión de tres personas, -una por cada poder- para su elección.
Esta reforma, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, concretamente la independencia judicial, ya que una forma de garantizarla, es el nombramiento de jueces y magistrados al margen de la política, priorizando la capacidad y méritos personales, evaluados por medio de concursos de oposición, para que finalmente el Congreso pueda escoger entre quienes verdaderamente cuenten con el perfil académico, de experiencia, ética y capacidad.
La propuesta establece equiparar el nombramiento de los magistrados al de los ministros de la SCJN, acción que dista mucho de compararse, ya que los magistrados son de recurso ordinario, de procedimiento, mientras que los ministros resuelven acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, los amparos indirectos más relevantes para el país, así como los amparos directos en revisión.
Más aún, los ministros discuten en audiencia pública, en salas o en plenos, mientras que los magistrados no resuelven con la misma transparencia, incluso los penales, que han dejado en desuso la audiencia de apelación y que para evitar que se las pidan, sacan la sentencia sin avisar que ya van a resolver.
Por lo que hace al número de años para poder ser presidente, la intención fue que los magistrados nombrados durante el gobierno de Javier Corral, no puedan ni siquiera competir para la presidencia, porque ninguno alcanzaría los 7 años.
La historia judicial en Chihuahua, registra el interés irresistible de los ejecutivos estatales, por meter la mano hasta los codos en los demás poderes, amparados en la “legitimidad” que les brinda los votos ciudadanos.
El problema es que confunden la coordinación con la subordinación.
Con José Reyes Baeza, se propuso y se aprobó la no ratificación del magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes, pero por medio de amparo, le dio revés, quedando como inamovible y vitalicio.
En el Gobierno de Cesar Duarte, se presentó la primera rebelión del pleno de magistrados al no acatar una decisión de Palacio, acción que provocó la “renuncia” por jubilación y retiro más grande de que se tenga memoria.
Javier Corral, en uno de sus principales errores, nombró a Lucha Castro para que se hiciera cargo del concurso de jueces y magistrados, convirtiendo el proceso en el peor y más opaco cochinero de que se tenga memoria.
Hoy, con Maru Campos, la reforma que se plantea, la acerca peligrosamente a lo que ella misma criticó como imputada, y la aleja mucho de la autonomía e independencia judicial, al sujetar los nombramientos al interés político, sobre todo, al no brindarle al poder judicial su total autonomía económica y presupuestal, al administrar el ejecutivo los recursos del TSJ, además de imponer a un Sonorense como administrador del Tribunal, como si no hubiera administradores profesionales en Chihuahua.
Para el próximo mes de Mayo, terminarán en su función los integrantes del Consejo de la Judicatura, por lo que se busca que la reforma esté vigente para entonces, dado que se contempla la reelección.
El ahora ex Magistrado de la tercera sala penal Juan Carlos Carrasco Borunda, con 17 años de trabajo permanente, extraordinario jurista que supo formar cuadros entre sus eficientes secretarios, rodeándose de jurisconsultos de gran valía que deberán ser tomados en cuenta para ocupar la titularidad, será recordado ahora por sepultar la vinculación a proceso de la gobernadora.
Gabriel Ruíz de la primera sala Familiar, además de Emiliano Anchondo, quien no se sabe a ciencia cierta si la pretensión de ampararse es para conservar el poder de la magistratura y de esa forma asegurar también la presencia de los suyos en la nómina judicial, o es simplemente el demostrar que el término de vitalicio es real y todavía vigente; por lo pronto, la suspensión ya la tiene.
DEFENSORÍA PÚBLICA
Héctor Armando González Mocken, prestigiado abogado litigante de la fronteriza Ciudad Juárez, que tomará la conducción de la defensoría pública, está adecuando la política de servicio en cada una de las acciones que desarrolla.
Con una carrera política que lo llevó al Congreso de la Unión, una buena trayectoria como catedrático y un amplio camino como abogado defensor particular, fue invitado para conducir por mejor camino a la defensoría pública, extraordinaria institución que cuenta con abogados de gran valía, tanto por su experiencia como por su permanente actualización y estudio.
De entrada, se enteró que en algunos distritos judiciales no cuentan con defensores públicos y en Municipios como Ojinaga, tampoco, por lo que de inmediato tomó acciones y presentó ya una radiografía con las necesidades más apremiantes que se tienen para mejorar adecuadamente el servicio que se presta.
FISCALÍA NECESARIA RESPUESTA
Ante los ataques que se han presentado en contra de los integrantes de la policía Ministerial, donde desgraciadamente han fallecido varios servidores públicos, es necesario que se presente una acción contundente por parte de la fiscalía, que quienes están identificados como presuntos responsables adviertan que meterse con la policía no es sinónimo de impunidad.
El llamado del fiscal Roberto Javier Fierro Duarte, para no caer en una psicosis por los ataques en contra de las mujeres, debe estar acompañado de acciones concretas, que reflejen el verdadero interés por resolver esta problemática.
*ABOGADO INTEGRANTE DE LA AECHIH.