El giro de rutas coincide con un refuerzo de patrullajes y controles en el Caribe y con el aprendizaje táctico de los grupos traficantes desde 2022, cuando la guerra en Ucrania popularizó el uso de drones y vehículos no tripulados en operaciones militares y criminales.
En el corredor atlántico, informes independientes han documentado un incremento de cargamentos que salen de Sudamérica y se redistribuyen hacia Europa o África Occidental, a menudo por vías marítimas más largas y menos vigiladas.
El país no es productor de cocaína, insistió Singh, pero su ubicación y la porosidad de su frontera occidental lo colocan en el mapa del tráfico
CANU ha detectado intentos que combinan aeronaves a baja altura, contenedores y embarcaciones rápidas; la propia unidad documenta casos de semisumergibles y otras plataformas adaptadas para evadir radares.
“Llegan desde Venezuela por avión o barco. No ayuda que (Venezuela) sea un narcoestado y reclame dos tercios de nuestro territorio”, dijo Singh.
La presión sobre las autoridades guyanesas se disparó tras uno de los mayores decomisos terrestres en la historia del país: 4.4 toneladas de cocaína, valoradas en alrededor de 176 millones de euros, enterradas cerca de una pista ilegal en Matthews Ridge (Región Uno) en agosto de 2024.
La operación, coordinada por CANU, contó con apoyo de fuerzas especiales y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El cargamento fue destruido en el lugar luego de tomar muestras para análisis. De acuerdo con comunicaciones oficiales, el hallazgo se sustentó en “inteligencia sobre vuelos ilegales” y en cooperación con socios internacionales, y confirmó el uso del extremo norte de Guyana como bodega de tránsito antes del envío a Europa.
“La capacidad operativa de CANU se ha fortalecido con inversiones en guardacostas, aviación policial y vigilancia en zonas fronterizas”, señaló la unidad.
El aumento de operaciones ha traído costos personales. La prensa local reportó amenazas de muerte contra Singh por parte de redes criminales tras las incautaciones recientes, un aviso que activó alertas entre agencias nacionales y la propia DEA.
La fricción con Venezuela, además, añade un telón de fondo geopolítico. Caracas mantiene una reclamación histórica sobre el Esequibo —una región que comprende cerca de dos tercios del territorio guyanés— y ha escalado sus gestos políticos en los últimos años.
En mayo, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones en la zona disputada, medida que el gobierno venezolano rechazó alegando falta de jurisdicción. Guyana considera la decisión un aval a su posición y ha denunciado incursiones marítimas y presiones sobre su espacio económico.
Para Singh, la respuesta al narcotráfico requiere integrar a esos aliados en un frente común. “No podemos luchar solos. Combatimos a un enemigo en diferentes frentes. Es una red, por lo que las alianzas son clave”, afirmó. En los últimos años, Guyana ha coordinado con Estados Unidos y con países de la región y Europa, en operaciones que combinan inteligencia, patrullaje marítimo y control de cargas.
Los patrones que identifica CANU son consistentes con diagnósticos externos: la apertura de corredores hacia África Occidental y puertos europeos, el uso de pistas clandestinas en áreas remotas, así como la fragmentación de rutas para diluir riesgos. La pregunta de fondo, admiten autoridades y analistas, es si el reforzamiento local bastará para disuadir a organizaciones que adaptan con rapidez sus métodos y aprovechan cualquier vacío de gobernanza. InSight Crime
Singh sostiene que el país ha mejorado su capacidad para interceptar cargamentos y desarticular redes, pero advierte sobre el carácter móvil del fenómeno. En su diagnóstico, la presión combinada —judicial, financiera y operativa— será determinante para evitar que Guyana consolide un rol como bisagra atlántica del tráfico de cocaína.
