Doce días después de que el Gobierno de López Obrador ordenara la expropiación de 120 kilómetros férreos en Veracruz y que las Fuerzas Armadas ocuparan el tramo concesionado por la empresa Ferrosur, de Grupo México, la Administración federal y el dueño de la empresa, Germán Larrea, han llegado a un acuerdo para evitar que el pleito vaya a más. Fuentes allegadas a la negociación han confirmado a EL PAÍS tras una semana de reuniones entre ambas partes, el Ejecutivo ha aceptado otorgar algunos beneficios sobre las concesiones de la firma ferroviaria y así esquivar una posible demanda de la firma, quien tenía el permiso de gestión sobre este trecho desde 1998. El acuerdo, sin embargo, no contempla la propuesta inicial de Larrea que pedía una indemnización de unos 9.500 millones de pesos, unos 537 millones de dólares. Fuentes de la empresa declinaron a hacer comentarios sobre este convenio.
La tregua entre el llamado rey del cobre y López Obrador, según medios locales, ha llegado después de que el mandatario accediera a ampliar las concesiones entregadas a Grupo México y que estarían a punto de vencer. Se espera que los detalles sobre cómo coexistirá el paso de los vagones de Ferrosur con la empresa ferroviaria estatal comandada por las Fuerzas Armadas se difunda en las próximas horas.
Con la decisión de expropiación en este tramo del sureste de México, el Gobierno busca acelerar las obras del Corredor en el istmo de Tehuantepec. Esta obra es uno de los proyectos emblema que desea entregar López Obrador antes de que culmine su mandato. En el decreto de expropiación, publicado el pasado 19 de mayo, el Gobierno argumenta que es necesario que los tramos ferroviarios que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de El Chapo a Coatzacoalcos y de Hibueras a Minatitlán queden a cargo de la empresa militar, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ya que son idóneos para una operación ferroviaria directa y dinámica para el desplazamiento de los trenes. “La Secretaría de Marina integró el expediente de ocupación temporal, en el cual consta el dictamen técnico que justifica las causas de utilidad pública y de seguridad nacional y que, por tanto, procede la ocupación temporal inmediata de los bienes y derechos objeto de la concesión otorgada a Ferrosur”, menciona el documento.
La decisión de revocar los permisos de concesión fue tomada por Grupo México como “sorpresiva” y tras la ocupación por parte de la Secretaría de Marina declaró que evaluaría las acciones a tomar. La empresa dirigida por Larrea reprochó la ocupación en plena mesa de negociación con el Ejecutivo e incluso aseguró que fue el Gobierno quien previamente desecho un proyecto de construcción de una línea ferroviaria paralela que se había convenido a principios de 2022. Fiel a su estilo de réplica, el presidente López Obrador respondió horas después que no pagaría una indemnización millonaria como la que exigía la firma, de más de 5.000 millones de dólares, que a lo mucho buscarían un esquema de tarifas recíprocas entre el Ejército y la compañía.
Este miércoles, ese acuerdo ha llegado. Casi dos semanas después de que los agentes irrumpieran en el tramo ferroviario en pugna, Larrea —el llamado rey del cobre y segundo hombre más rico del país— ha dejado por la paz el amago en tribunales y ha preferido un convenio con el mandatario. Con este acuerdo bajo el brazo, el presidente tendrá luz verde para agilizar las obras de construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.