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El secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña, respondió las críticas que el colectivo ambientalista Salvemos Los Cerros dirigió en contra de la gobernadora Maru Campos Galván, a quien responsabilizaron de ordenar la detención de Luis Andrés Rivera, de politizar el cuidado del patrimonio ecológico y favorecer la construcción de zonas residenciales. Acusó a sus miembros de obrar bajo «intereses políticos».

Aunque no especificó un partido político en concreto, De La Peña manifestó que, a su juicio, Salvemos Los Cerros «tiene ligas evidentes con algunos intereses políticos». Aseveró que el arresto de Rivera ocurrió debido a las pintas que la organización realizó en Palacio de Gobierno y la Presidencia Municipal el martes 20 de mayo, durante su manifestación, y no por intervención de la mandataria.

«A mí me da la impresión, y es una impresión a título personal, que esto tiene una carga política. Es evidente que algunos de los miembros de esta organización o de esta agrupación tiene algunas ligas evidentes con algunos intereses políticos. Ahora que vengan ellos a decir que hay un trasfondo político en la posición del Gobierno, pues, me parece absurdo», declaró.

El funcionario mencionó que, si bien toda persona posee la libertad de ejercer su derecho a la manifestación, la función pública no puede permitir la «destrucción del patrimonio que también es de todos». E insistió en su postura de que los manifestantes deberían hacerse responsables por la limpieza de Palacio de Gobierno: remover las pintas ellos mismos y cubrir los gastos.

Y dijo: «Pretenden voltear el tema y decir ahora que queremos convertir esto en una persecución política. Es una vacilada. Ellos se pueden manifestar el día, a la hora y en el lugar que ellos quieran. A lo que no tienen derecho es a, levantando una bandera para proteger el medio ambiente, […] venir a destruir el patrimonio que también es de todos».

Este miércoles 21, un día después de la manifestación en el Centro Histórico, Salvemos Los Cerros replicó a través de un comunicado la declaración inicial que realizó De La Peña, en el que descalificó al colectivo, los nombró como una agrupación de jóvenes sin oficio, dedicada a perjudicar el erario público y anunció que la administración estatal procedería en su contra por la vía legal.

En el escrito, dirigido también al alcalde Marco Bonilla, se leía: «Denunciamos la indiferencia del gobierno estatal ante la destrucción de nuestro patrimonio natural y el deterioro de nuestra calidad de vida. Repudiamos y señalamos ante medios de comunicación y redes de personas defensoras del territorio rural, urbano y periurbano en todo el país los actos de represión del gobierno estatal y municipal hacia nuestra comunidad y constatamos su intención de interponer sanciones y denuncias».