El expediente permanece en la Unidad Jurídica de la dependencia federal, mientras el colectivo denunciante asegura que no ha recibido información sobre los avances de su denuncia presentada desde enero
La denuncia por las presuntas irregularidades ambientales relacionadas con la construcción de la llamada gaza del Reliz continúa sin una resolución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), situación que llevó a un colectivo ciudadano a convocar a una manifestación frente a las instalaciones de la dependencia federal para exigir información y avances en el expediente.
De acuerdo con los denunciantes, el caso permanece actualmente en la Unidad Jurídica de la Profepa, sin que hasta el momento se haya emitido un dictamen sobre los señalamientos planteados ni se haya proporcionado información suficiente a la parte denunciante, pese a las solicitudes que, aseguran, han realizado por distintos medios.
La denuncia fue presentada el cinco de enero de este año y cuestiona la actuación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, particularmente por haber determinado que la obra no implicaría modificaciones al cauce federal del río Chuvíscar y, por esa razón, no requeriría someterse al procedimiento federal de Evaluación de Impacto Ambiental.
El colectivo sostiene que esta determinación debe ser revisada por las autoridades federales, al considerar que un proyecto de las dimensiones de la gaza del Reliz podría tener implicaciones ambientales que ameritan una evaluación formal.
El punto central de la controversia es precisamente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), mecanismo administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para determinados proyectos que pueden generar impactos sobre el ambiente y bienes sujetos a jurisdicción federal.
Para los denunciantes, omitir este procedimiento no sería un asunto meramente administrativo, pues la evaluación permite determinar posibles afectaciones ambientales, establecer medidas de prevención y mitigación y abrir espacios de participación y consulta para la sociedad.
El colectivo acusa que la determinación municipal habría permitido avanzar en el proyecto sin agotar ese proceso y sostiene que no se trataría de un simple descuido burocrático, sino de una decisión que, desde su perspectiva, habría buscado evitar tiempos y procedimientos adicionales.
Esa acusación, sin embargo, deberá ser esclarecida por las autoridades competentes, pues hasta ahora el señalamiento forma parte de la denuncia ciudadana y no de una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades.
Lo que sí cuestionan los ciudadanos es la falta de información sobre el estado que guarda el expediente. Aseguran que han solicitado conocer los avances del procedimiento ante Profepa sin obtener una respuesta que les permita conocer qué actuaciones se han realizado o cuál será el siguiente paso de la autoridad.
Ante esta situación, convocaron a una manifestación pacífica frente a las instalaciones de Profepa, ubicadas en el bulevar Fuentes Mares número 9401, para exigir que la dependencia federal atienda el expediente y garantice el acceso a la información relacionada con la denuncia.
El reclamo adquiere mayor relevancia, señalaron, porque la gaza del Reliz no sería el único proyecto de infraestructura que genera cuestionamientos entre ciudadanos y organizaciones. Como ejemplo, mencionaron el proyecto del Periférico Poniente 5, cuya materialización —advirtieron— podría volver a colocar sobre la mesa la discusión sobre el cumplimiento de procedimientos ambientales y administrativos.
Más allá de la disputa alrededor de una obra vial, el caso pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tan efectivos son los mecanismos de vigilancia ambiental cuando una denuncia ciudadana puede permanecer meses en una oficina jurídica sin que los denunciantes conozcan públicamente sus avances?
Mientras Profepa no emita una determinación, las acusaciones deberán permanecer en el terreno de los señalamientos ciudadanos. Pero precisamente por eso, el silencio institucional no ayuda a despejar dudas.
La pelota está ahora en la cancha de la autoridad federal: revisar el expediente, determinar si existieron omisiones y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes. Y, sobre todo, explicar a los ciudadanos qué ocurrió con una denuncia que fue presentada desde enero y que, meses después, continúa sin una resolución conocida públicamente.
