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En conferencia de prensa, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aclaró que tanto los ministerios públicos como los peritos del Instituto de Ciencias Forenses cumplieron con su labor al presentar las evidencias correspondientes, las cuales señalaban al ex diputado Juan Vera Carrizal como el principal autor intelectual del ataque contra la saxofonista María Elena Ríos.
Sin embargo, acusó al juez encargado del caso de haber eliminado de manera «ilegal» pruebas cruciales que habrían permitido la excarcelación del imputado, lo que generó rechazo por parte de la Fiscalía, diversas organizaciones y hasta del gobernador de Oaxaca.
El fiscal detalló que entre las más de 300 pruebas presentadas se encuentra un dictamen forense que confirma el uso de ácido sulfúrico contra Ríos, además de registros de llamadas que vinculan a Vera Carrizal con los autores materiales del ataque.
Asimismo, se identificó un pago de 30 mil pesos realizado a uno de los agresores, evidencia que califica el delito como tentativa de feminicidio con agravantes, al utilizarse sustancias químicas peligrosas.
«En la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador se exhibió el caso, y se dijo de la actuación del juez, y yo lo que he mencionado es justamente eso, nuestro tema y todo lo que se ha seguido en el caso de María Elena en el caso específico de este juez que no le dio valor probatorio a varias pruebas que presentamos y son contundentes».
«Una de ellas es el ácido que se le rocío a la víctima y que le produce quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo quemaduras que pusieron en riesgo su vida, para él, el juez no significa una tentativa de feminicidio, pero para la Fiscalía sí lo es».
«También pruebas donde se acreditaban las llamadas telefónicas que hubo antes, durante y después que para nosotros son contundentes en términos de la responsabilidad tampoco las asumió el juez como evidencia o valor de responsabilidad«.
Rodríguez Alamilla subrayó que el trabajo de la Fiscalía se ha basado en la ciencia forense y criminal, y que todas las pruebas presentadas están certificadas.
Estas evidencias fueron desechadas por el juez, lo que llevó a la Fiscalía a apelar la resolución. El Tribunal aceptó la apelación y dejó sin efecto la liberación de los implicados, permitiendo que se reinicie el juicio con una revisión exhaustiva de las pruebas.