La Fiscalía General de la República (FGR) retiró las solicitudes de órdenes de aprehensión, en el caso del secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el homicidio de Héctor Cuén, cuando el Juez de Control cuestionó inconsistencias en las investigaciones, informó el magistrado Juan José Olvera López.

En la primera conferencia “contramañanera”, convocada por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el funcionario judicial rechazó la versión de la FGR, en el sentido de que un Juez Federal se negó a otorgar las órdenes de captura correspondientes.

«Dado que existe una situación de rechazo por parte de un juez federal de Culiacán, para conocer y determinar la aprehensión de los responsables, el Ministerio Público de la Federación presentará en los próximos días, ante un juez alternativo, todas las pruebas y diligencias que son procedentes”, informó en la víspera la FGR, en un comunicado.

“El Juez, como corresponde a su responsabilidad, le hizo algunos cuestionamientos al fiscal que estaba presentando el caso, que estaba realizando la imputación, sobre algunas imprecisiones que advertía de su larga exposición de ocho horas.

«Y, al final, el fiscal, en la Sala de Audiencias, decidió retirar la imputación que estaba formulando, decidió que mejor continuaría con su investigación y que, eventualmente decidiría, si iría a ese mismo centro de justicia o si lo llevaría a otro Centro de Justicia Federal”, explicó el magistrado Olvera López.

En su comunicado, la FGR señaló a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y a funcionarios de la Fiscalía General de Sinaloa, por el secuestro de El Mayo Zambada y un montaje para ocultar el homicidio de Cuén.

Las conferencias convocadas por los trabajadores del PJF serán para abordar también el tema de la Reforma Judicial; en esta ocasión, el magistrado Olvera aclaró la legalidad de las suspensiones y amparos otorgados por Jueces Federales.

Comentó que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión deberían apoyarse más de sus consejerías jurídicas, debido a que la resolución sobre la constitucionalidad o no de esa reforma, no depende de los recursos y medidas cautelares que están resolviendo los jueces federales en este momento.