CHIHUAHUA.- Hace nueve meses la Fiscalía General del Estado (FGE) envió tres oficios a la Federación para alertar sobre varias condiciones de riesgo que sugerían un posible motín en el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 3, en Ciudad Juárez. Advirtió deficiencias en materia de vigilancia, riesgo de entrenamientos entre los ocho grupos antagónicos de la delincuencia organizada que se encontraban presos y amenazas del Cártel de Sinaloa.
Según filtraciones de Guacamaya Leaks, obtenidas por el periódico Reforma, Luis Alfonso Harris Arrondo, exdirector del Sistema Penitenciario, destituido el 11 de enero, le envió el 1 de abril un primer documento a José Ángel Ávila, comisionado del Órgano de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Federal, para solicitarle coadyuvancia en las medidas de seguridad.
Harris Arrondo le refirió la crisis del CERESO 3, la cual, remarcó, suponía un motivo de preocupación nacional. Denunció que, por cada sesenta y cinco delincuentes, apenas se podía asignar un guardia; que los prisioneros buscaban burlar a las autoridades para ingresar objetos y sustancias prohibidas; que ahí se encontraban capos de los grupos criminales Artistas Asesinos, el Cártel de Sinaloa, La Empresa, La Línea, Los Aztecas, Los Mexicles, Los Paisas y Los Sureños. Aquellos factores, indicó, significaban una problemática para la gobernabilidad y la paz del Centro y podrían propiciar altercados o, incluso, un rescate en el penal.
En los siguientes dos documentos, fechados el 6 y 8 de abril, Harris Arrondo se dirigió al entonces comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, ahora subsecretario de Seguridad Pública, para pedirle que, de manera «extraurgente», trasladaran a reclusorios federales trescientos criminales de alta peligrosidad, entre ellos dos fugados durante la revuelta de Año Nuevo en el CERESO 3: José Osvaldo Espinoza Navarro, alias El Pecas, de 27 años, recapturado el 14 de enero, y Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, asesinado el 5 de enero en medio de un intercambio de disparos con las corporaciones de seguridad.
Uno de sus señalamientos particulares fue que el Cártel de Sinaloa había amenazado con liberar a Leonel Camacho Mendoza, alias El 300 o El Chato. Por consiguiente, compartió los datos de cada interno —como delitos imputados y banda delincuencial—. Sin embargo, tanto Ávila como Rodríguez Bucio ignoraron lo advertido por Harris Arrondo, ante cuyo seguimiento se podrían haber evitado los fallecimientos del 11 de agosto, durante el denominado «jueves negro», y los del 1 de enero, los cuales, respectivamente, dejaron un saldo de 11 y 19 muertos.
