Familiares y autoridades concluyeron hoy que Pablo Joaquín Gómez Orozco, desaparecido en 2023 cuando tenía 17 años, fue encontrado muerto en Jalisco tras identificar sus tenis en un rancho ligado al narcotráfico. Las múltiples versiones oficiales sobre su ubicación y el manejo de su cuerpo han generado indignación y señalamientos de negligencia.

Desde su desaparición en Tepic, Nayarit, Pablo había estado en contacto con sus redes sociales indicando estar retenido por el Cártel Jalisco mientras transitaba por Zacatecas. Su ruta cruzó al menos tres estados, lo que complica las investigaciones al involucrar múltiples fiscalías con distintos protocolos y niveles de cooperación.

La madre de Pablo denuncia que las fiscalías de Nayarit, Jalisco y Zacatecas han actuado con poca transparencia, omisiones y contradicciones en fechas, ubicaciones y testimonios. Acusa que el Estado podría estar encubriendo información o habría fallas graves en la cadena de custodia.

Este caso se torna simbólico por la creciente crisis de desapariciones en México y la percepción de que el narco domina zonas donde el Estado tiene poca presencia. A través de redes sociales y medios, se multiplica la exigencia de justicia y atención real para víctimas y sus familias.

El hallazgo reaviva el debate sobre la estrategia nacional de seguridad: ¿cómo prevenir desapariciones, coordinar fiscalías y garantizar rendición de cuentas? ¿Cuándo se evitará que jóvenes sean reclutados o desaparecidos bajo una red criminal? Estas preguntas vuelven a ponerse con fuerza.

Algunos expertos señalan que el caso revela fallas estructurales: bajo capacitación, poco seguimiento, falta de cooperación interinstitucional y ausencia de mecanismos eficaces de búsqueda. También evidencia la presión que las organizaciones criminales ejercen en territorios vulnerables.

La indignación pública vuelve a apuntar al gobierno: ciudadanos, organizaciones civiles y medios exigen que se esclarezca responsabilidad, se actúe con rapidez y se ofrezca reparación. Las promesas de “con cero impunidad” se ponen a prueba en cada caso como el de Pablo.

Este episodio recuerda que detrás de cifras y discursos hay vidas, familias destrozadas y una herida social que exige respuestas efectivas y transformación profunda del sistema de justicia en México.