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El gobierno de Campeche, bajo la administración de Layda Sansores (Morena), expropió un terreno para edificar la Universidad de la Salud Rosario Castellanos. Entre los predios afectados está uno propiedad de la madre del senador Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI. La expropiación se ampara en una reciente reforma a la Ley de Expropiaciones aprobada por el Congreso local, que facilitó estas acciones en favor del “interés público”.

Sansores acusó públicamente a Moreno de adquirir esas propiedades mediante prestanombres y sin justificación legal. Aseguró que la medida es un acto de justicia social en favor de la educación y la salud de los campechanos. En tanto, Moreno calificó la acción como persecución política, comparando la situación con prácticas autoritarias y con lo que ocurre en otros países con conflictos institucionales.

El terreno expropiado debe pasar por un proceso de notificación: los afectados tienen cinco días para impugnar la medida o presentar objeciones. Si no lo hacen, el estado iniciará la construcción en menos de mes y medio. Por el momento, no hay indicios de que Moreno vaya a acceder a revocar la acción, aunque su figura como senador le brinda algunas protecciones políticas.

Esta disputa refleja la tensión entre poderes locales y la estrategia política federal, con Morena buscando consolidar su dominio en los estados. También pone sobre la mesa el debate sobre fuero, corrupción inmobiliaria y control territorial que involucra tanto a actores estatales como nacionales.

La atención mediática se ha centrado en ese choque entre una gobernadora del mismo partido que la presidencia y un senador opositor con poder nacional. Muchos analistas lo ven como una escalada de los conflictos internos del PRI vs Morena en territorios clave.

De este tipo de medidas dependerá la confianza de inversionistas y la imagen del estado como lugar de legalidad. Si el proceso no es transparente, los cuestionamientos legales y políticos seguirán creciendo.