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La diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) condenó el asesinato del doctor Luis Edward Olguín Andrade, ocurrido el pasado 20 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua y exigió a las autoridades justicia.

“No podemos permitir que los sueños y la entrega de nuestros jóvenes profesionales queden truncados por la inseguridad y la impunidad. Hoy, desde este espacio quiero enviar un mensaje contundente: no habrá impunidad para los agresores. Por ello, exhorto a las autoridades correspondientes a realizar una investigación profunda, la detención de los responsables y la aplicación estricta de la justicia”, señaló.

En conferencia de prensa, Durán Alarcón indicó que no se trata de un caso aislado, sino de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la seguridad para las colonias, calles y comunidades.

Luis Edward Olguín, dijo, fue un médico ejemplar de tan solo 35 años que dedicó su vida al cuidado de los demás. Originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, trabajó en el IMSS y recientemente se había trasladado a Ciudad Juárez con el propósito de continuar sus estudios y una especialidad en pediatría.

“El doctor no solo representaba la esperanza de miles de familias que confiaban en el profesionalismo de nuestros médicos, sino representaba también la aspiración de una sociedad que busca superarse y servir”, destacó.

Subrayó que este suceso obliga a reforzar las acciones en materia de seguridad y de justicia, por lo que manifestó su compromiso para trabajar unidos para que tragedias como estas no se repitan y no queden impunes.

La diputada del PT externó sus condolencias a su familia y reconoció a sus colegas por mantener vivo su legado.

“Esto debe convertirse en un llamado de acción para fortalecer nuestras instituciones y proteger a quienes dedican su vida a servir y construir un futuro y que la justicia prevalezca sobre la violencia”, aseveró.

Asimismo, Greycy Durán demandó justicia para Paloma Nicole Arellano, la menor de 14 años que falleció en Durango, tras, presuntamente, someterse a una cirugía estética y sin el consentimiento de los padres. Solicitó a la Fiscalía de Durango actuar con firmeza, prontitud y transparencia para deslindar responsabilidades.

Dijo que es preciso confirmarse que esto constituye una violación grave de los derechos de la niñez y de la adolescencia, una falta ética y una probable responsabilidad penal y no sólo una negligencia médica.

“Estamos hablando de la vida de una menor, de la confianza rota, de un sistema que debe garantizar protección y seguridad a quienes son más vulnerables”, enfatizó.

Por ello, planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en clínicas privadas, endurecer la regulación en materia de cirugía plástica y estética y sobre todo, garantizar que ninguna cirugía médica en menores se realice sin la autorización de los padres, sin apego a protocolos y sin perspectiva de derechos humanos.