Familiares de personas detenidas durante una manifestación contra la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, exigieron a las autoridades estatales transparentar la identidad y situación jurídica de los arrestados, ante las diferencias entre las cifras oficiales y los registros de organizaciones civiles. La protesta se realizó el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, y terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines.

La movilización reunió a miles de personas que reclamaron una solución al suministro de agua contaminada en la zona metropolitana. De acuerdo con organizaciones civiles, desde marzo diversas colonias han recibido agua con mal olor y posibles contaminantes, una situación que ha provocado inconformidad entre los habitantes y exigencias para que las autoridades garanticen el acceso a agua limpia y segura.

Tras los enfrentamientos, el Gobierno de Jalisco reconoció inicialmente la detención de 39 personas, mientras familiares y colectivos documentaron un número mayor de arrestos. Denunciaron que durante varias horas desconocieron el paradero de algunos manifestantes y que hubo casos de incomunicación, presunto uso excesivo de la fuerza y dificultades para acceder a asesoría legal. La Fiscalía estatal informó posteriormente sobre la liberación de parte de los detenidos, mientras continuaban las exigencias de información.

Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), pidió que las autoridades publiquen información completa y verificable sobre las personas arrestadas para contrastarla con los registros elaborados por familiares y organizaciones. Los colectivos también solicitaron que se garantice la integridad física de los detenidos y que se investiguen las denuncias de posibles irregularidades durante los arrestos y el traslado a instalaciones oficiales.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus atribuyó los actos violentos a la presunta participación de un grupo de choque, mientras familiares de los detenidos rechazaron esa versión y sostuvieron que sus allegados acudieron a manifestarse por el derecho al agua. La exigencia central continúa siendo esclarecer cada detención, determinar posibles responsabilidades y garantizar el debido proceso, en medio de una crisis que combina reclamos por el servicio de agua potable y cuestionamientos a la actuación policial.