El regidor y presidente del Consejo Estatal de Morena Hugo González, exigió al presidente municipal, René Chavira, la destitución de Adriana Díaz Negrete, directora de Desarrollo Urbano y Ecología, así como una investigación inmediata, técnica y transparente sobre el colapso de seis bardas en el fraccionamiento Bosques Boreales II, en la zona del Reliz. El regidor sostuvo que la seguridad de las familias debe estar por encima de cualquier interés y que las posibles omisiones en la supervisión deben esclarecerse.
El regidor señaló que, de acuerdo con los reportes preliminares, no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales y preocupación entre las familias afectadas, por lo que existe una posible relación entre el colapso y el reblandecimiento del terreno provocado por trabajos de excavación, por lo que debe investigarse esa hipótesis sin darla por acreditada antes de contar con un dictamen técnico.
El presidente del Consejo Estatal de Morena afirmó que en los últimos dos años, se han presentado hechos similares en diversos fraccionamientos y zonas de la ciudad, entre ellos el caso de Monte Xenit, por lo que consideró que estos antecedentes obligan a atender las advertencias ciudadanas y a revisar las condiciones de seguridad de los desarrollos urbanos.
El regidor advirtió que las autoridades no deben esperar a que ocurra una tragedia humana para actuar, por lo que urge revisar los permisos, los controles de supervisión y las medidas de prevención aplicadas en la obra, así como determinar si existieron fallas u omisiones y quiénes resultan responsables.
En este sentido, precisó que su solicitud de destitución de la directora de Desarrollo Urbano y Ecología constituye una exigencia política de responsabilidad ante la gravedad de lo ocurrido, sin sustituir la investigación ni sus conclusiones, que deberán sustentarse en evidencia.
Finalmente, Hugo González demandó al alcalde actuar de inmediato, atender a las familias afectadas y dar a conocer las medidas que se adoptarán para evitar nuevos riesgos. Sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió y cómo se protegerán sus viviendas.