La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió a la Cámara de Diputados revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, al considerar que su contenido representó un retroceso en materia de justicia constitucional y vulneró la defensa de los derechos de ciudadanos y empresas en México.

El organismo recordó que el juicio de amparo fue durante más de un siglo una herramienta fundamental para proteger la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, así como un pilar del Estado de Derecho y de la vida democrática y económica del país.

En su posicionamiento, la confederación reconoció que la reforma incluyó sanciones para autoridades que incumplieran sentencias y elementos de colectividad en el interés legítimo, pero advirtió que la suspensión del acto reclamado permaneció rígida, limitando la defensa en casos fiscales y de bloqueo de cuentas bancarias, lo que afectó la operación de miles de empresas.

También señaló que la exigencia de garantizar créditos únicamente mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito excluyó a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de que la aplicación retroactiva de la reforma vulneró la certeza jurídica y principios constitucionales como el artículo 14.

El sector patronal advirtió que, de aprobarse sin correcciones, la reforma enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros, afectando la confianza en las instituciones, la certidumbre legal y la estabilidad económica, además de complicar la posición de México ante sus socios del T-MEC.

Los 71 centros empresariales afiliados enviaron cartas a senadores y diputados federales expresando su desacuerdo con la reforma y detallando los posibles impactos en la operación de las empresas y en la defensa de los derechos fundamentales.

Finalmente, el organismo reiteró su disposición al diálogo con todos los sectores sociales y políticos para fortalecer el marco jurídico nacional, e hizo un llamado a las y los legisladores a corregir las deficiencias de la minuta y preservar el juicio de amparo como una garantía para que ninguna autoridad estuviera por encima de la ley.