La nueva colección artesanal de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 terminó envuelta en una fuerte controversia luego de que surgieran denuncias sobre presuntos abusos laborales contra artesanas indígenas de Naupan, Puebla, quienes participaron en el bordado de los jerseys comercializados por Adidas y la empresa mexicana Someone Somewhere. Diversos testimonios señalan que algunas mujeres recibieron únicamente 36 pesos por hora por elaborar prendas que actualmente alcanzan precios de hasta casi 5 mil pesos.

La polémica comenzó después de que la especialista en simbología textil Tatiana Bernaldez denunciara que las artesanas trabajaban jornadas de hasta cinco y ocho horas diarias realizando bordados y “rellenado” de logotipos, además de utilizar técnicas que ni siquiera pertenecen originalmente a la tradición textil de Naupan. Según las acusaciones, varias mujeres fueron capacitadas para maquilar diseños adaptados a la marca deportiva y no para preservar los métodos ancestrales de la comunidad.

Someone Somewhere respondió a las críticas asegurando que el proyecto sí generó ingresos constantes para más de 150 artesanas y defendió que la colaboración cumple estándares internacionales de impacto social gracias a su certificación B Corp. La empresa también afirmó que algunas trabajadoras solicitaron laborar dentro de la Casa de la Cultura de Naupan para reducir tiempos de traslado, aunque habitantes denunciaron que el espacio público terminó siendo utilizado prácticamente como taller privado durante la producción de las prendas.

Otro de los puntos que provocó indignación fue la denuncia sobre la supuesta falta de afiliación al IMSS. De acuerdo con los testimonios difundidos, a las artesanas se les habría prometido cobertura médica familiar, pero posteriormente solo se les ofreció un esquema privado de atención remota argumentando que la clínica más cercana se encontraba en Huauchinango. Además, activistas acusaron que existían acuerdos de confidencialidad que limitaban a las trabajadoras hablar públicamente sobre las condiciones laborales.

Mientras la discusión crece en redes sociales, el caso abrió nuevamente el debate nacional sobre apropiación cultural, comercio justo y explotación laboral dentro de colaboraciones entre grandes marcas y comunidades indígenas. Incluso autoridades culturales de Puebla ya analizan impulsar la declaratoria de los bordados tradicionales como Patrimonio Cultural Intangible para evitar futuros abusos y proteger el trabajo artesanal mexicano frente a proyectos comerciales internacionales.