Noticias Chihuahua:
En un laberinto de vacíos legales que parece un guion de thriller carcelario, Édgar Escárcega Valenzuela, el hombre que cumple 25 años de condena por el secuestro que sacudió los titulares de Chihuahua en 2015, permanece confinado en la Unidad de Bajo Riesgo (UBR) del penal estatal, a pesar de un amparo federal que le abrió las puertas de la semilibertad como un espejismo inalcanzable. El 8 de noviembre, cuando el Tribunal de Ejecución de Penas aún no recibe la notificación oficial de la suspensión judicial concedida por un juzgado federal, las autoridades locales cerraron el cerrojo con la frialdad de un verdugo burocrático, dejando al reo –un exagente de la Policía Federal con un pasado de sombras que incluye reclutamiento forzado y traiciones en las trincheras del crimen organizado– varado en una celda que huele a limbo eterno. El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, lo expuso sin filtros en conferencia: “No ha llegado el oficio que confirme la suspensión, por lo que Escárcega sigue en reclusión total, sin escapatoria hasta que el juez de Ejecución de Penas dé luz verde”. Este enredo no es mero trámite: es el eco de un sistema penitenciario que mastica derechos con dilaciones, donde un amparo que debería ser salvavidas se convierte en cadena invisible, recordando cómo Escárcega, capturado en un operativo que desmanteló una célula de plagio exprés, ha navegado apelaciones y recursos como un náufrago en el desierto chihuahuense.
La saga de Escárcega no es un capítulo aislado en el penal de Aquiles Serdán: desde su sentencia en 2018, el hombre de 40 años –que pasó de patrullero a plagiario en un viraje que devoró su uniforme– ha tejido una red de litigios que incluye suspensiones provisionales y quejas por “vacíos interpretativos”, un baile judicial que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua observa con el pulso de un reloj averiado. Mientras el amparo federal pende como espada de Damocles, sin notificación que libere su salida vespertina, la UBR –ese limbo para reos “de bajo riesgo” que permite salidas controladas– se transforma en trampa: Escárcega, con un historial que salpica de víctimas aterrorizadas y cómplices evaporados, enfrenta el escrutinio de víctimas que claman por justicia sin resquicios, y de un sistema que, en Chihuahua, donde los secuestros dejan familias en ruinas, no tolera medias tintas. Araiza, con la voz de quien ha visto demasiados expedientes sangrientos, advirtió que la reclusión se mantiene “hasta nuevo aviso”, un ultimátum que podría extenderse semanas o meses, avivando el fuego de un debate nacional sobre amparos que liberan monstruos antes de que paguen el último centavo de su deuda con la sociedad. En las celdas frías de la UBR, donde el eco de cadenas susurra venganzas pendientes, Escárcega espera no solo papeles, sino el veredicto de un destino que el narco y la ley han torcido en un nudo gordiano: ¿saldrá a semilibertad como un reo redimido, o el limbo judicial lo enterrará en el olvido de una condena que México no olvida? Mientras el juez federal apura notificaciones y el penal custodia su presa, Chihuahua contiene el aliento, sabiendo que en esta tierra de secuestros y sombras, la libertad no es regalo, sino batalla que no siempre gana el culpable.
