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La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, elevó el tono del debate político al exigir medidas contundentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, incluyendo prisión preventiva y el congelamiento de cuentas, en medio de los señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado. La legisladora sostuvo que no se puede permitir que funcionarios bajo sospecha continúen en funciones sin enfrentar consecuencias legales, pues esto —afirmó— envía un mensaje de impunidad tanto dentro como fuera del país.

Las declaraciones se dan en un contexto donde la oposición ha intensificado las críticas y ha pedido investigaciones transparentes sobre el caso. López Rabadán subrayó que las acusaciones contra autoridades estatales no deben minimizarse, ya que afectan la credibilidad institucional y la confianza en el Estado mexicano. En ese sentido, insistió en que cualquier funcionario señalado debe ser investigado a fondo y, de encontrarse elementos, enfrentar la justicia sin privilegios.

Más allá del ámbito interno, la diputada advirtió que este tipo de situaciones podría tener repercusiones en la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, particularmente en la revisión del T-MEC. De acuerdo con su postura, la integridad de los funcionarios públicos está directamente ligada a la certidumbre jurídica que demandan los socios comerciales, por lo que casos de presunta corrupción o vínculos criminales pueden generar desconfianza en los mercados internacionales.

La legisladora ha sido insistente en que el tratado comercial es un pilar fundamental para la economía mexicana, ya que de él dependen inversiones, empleos y cadenas productivas en toda la región. Por ello, ha reiterado que México debe enviar señales claras de combate a la delincuencia y fortalecimiento institucional para no poner en riesgo la relación económica con sus principales socios.

Este episodio profundiza la confrontación política en el país, donde el caso Rocha Moya se ha convertido en un punto clave de disputa entre oficialismo y oposición. Mientras continúan las exigencias de acciones legales más severas, también crece el debate sobre el impacto que estos señalamientos podrían tener no solo en la política interna, sino en la posición de México frente a sus compromisos internacionales.