Alejandro Encinas, en leña verde
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La bomba que iba a cambiar para siempre el rumbo del caso Iguala, y que dinamitaría, de una vez y para siempre, la llamada “verdad histórica”, explotó el 18 de agosto pasado, cuando el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), rindió un informe volcánico.
La parte medular de la investigación que Alejandro Encinas dio a conocer aquel día, las evidencias que nunca nadie había logrado obtener tras ocho años de mentiras, encubrimientos, falsedades e indagaciones torcidas y erráticas, era un conjunto de capturas de pantalla que, según la Covaj, contenían algunas de las comunicaciones que delincuentes de Guerreros Unidos y militares del 27 Batallón de Infantería, habían intercambiado la noche en que desaparecieron 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa.
Esos pantallazos contaban de manera descarnada cómo los alumnos habían sido separados en grupos, trozados a machetazos o disueltos en ácido, para posteriormente ser inhumados en lugares ajenos al señalado por la “verdad histórica”: el basurero de Cocula.
“Chuky les metio machete y se los repartieron como dijo huitzuco pueblo viejo y rio”, se leía en una de las capturas.
Los hallazgos de todas las investigaciones anteriores fueron arrojados a la basura. Toda la atención del caso se concentró en las nuevas pruebas, la nueva evidencia obtenida por Encinas: 467 capturas de pantalla supuestamente procedentes de cinco teléfonos a los que la Covaj había tenido acceso.
México se convulsionó. Las capturas indicaban que a algunos alumnos los habían llevado directamente al 27 Batallón, para desaparecerlos: “Al campo militar nadie entra ya al rato vemos donde los echamos”. Las capturas indicaban que “las órdenes venían desde México, desde arriba, que limpien todo”.
Revelaban también que un subteniente de apellido Pirita “ya se había encargado de los paquetes”. Que un coronel del batallón había ordenado el asesinato de seis de los alumnos, a los que los sicarios habían mantenido con vida a lo largo de cuatro días.
Relataban que los restos habían sido exhumados para cambiarlos de lugar y llevarlos “a donde nadie iba a asomarse”.
Un documento “dolorosamente verdadero”, escribió una de las comisarias del régimen.
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