Algunas personas que a lo largo de las semanas recientes hablaron con el presidente López Obrador de manera privada, me comentaron que era consciente de que el escenario más probable era que la Corte frenara el llamado Plan B.
El no ser sorpresa no fue obstáculo para que lanzara los epítetos usuales en contra de la Corte: conservadores, parte de la mafia del poder y la oligarquía, etcétera.
El presidente sabía que las reformas legales aprobadas por el Congreso podrían ser consideradas inconstitucionales en algunos de sus componentes y que las probabilidades de que algún ministro decidiera suspender su vigencia, en tanto no se discutieran ampliamente en el pleno de la Corte, eran muy elevadas.
El viernes pasado ocurrió. El ministro Javier Laynez tomó esa determinación.
Bajo este escenario, es probable que lleguemos al 2 de junio sin que estén vigentes las reformas.
Es poco probable pero no imposible, sin embargo, que el Pleno de la Corte decidiera resolver el fondo del amparo y sesionara en el Pleno para juzgar la constitucionalidad del Plan B antes de esa fecha.
Pero, por ahora, con la situación vigente, el proceso electoral federal del 2024 deberá realizarse bajo la normatividad vigente, que tras la suspensión del ministro Laynez, corresponde a la previa a las reformas del Plan B.
Las elecciones federales serán el 2 de junio del 2024, por lo que el proceso electoral comienza formalmente el próximo 2 de septiembre y de acuerdo con el artículo 105 fracción III de la Constitución, 90 días antes, es decir, a partir del próximo 2 de junio, cualquier modificación de las normas ya no es aplicable para esa elección, sino en todo caso para las próximas.
Es probable que López Obrador, en la conferencia mañanera del día de hoy tunda nuevamente al ministro Laynez y a la Corte en general.
No va a decir que ya sabía que eso iba a suceder y tal vez por ello, le disgustó tanto la encuesta publicada por El Financiero el pasado martes 21 de marzo, en la que se constató que el nivel de aceptación de la Corte es de 61 por ciento.
Ese nivel de aceptación de la Corte le da márgenes de libertad para tomar sus decisiones con independencia, como ha quedado de manifiesto.
AMLO sabe que perdió una batalla en el camino del 2024, pero está lejos de haber perdido la guerra.
Esta semana se van del INE cuatro consejeros, entre ellos su presidente Lorenzo Córdova.
Aunque el proceso de selección de los consejeros ha cumplido con todas las formalidades, el Instituto que quedará será un organismo más débil que el que encabezaba Córdova. Ese es el famoso Plan C.
Será difícil que la nueva presidencia tenga la fuerza que acabó dándole Córdova.
Pero, más allá de qué tan exitoso resulte el Plan C, López Obrador tiene el ‘Plan M’. Con M de miedo.
López Obrador ha generado la impresión de que, si apareciera un candidato opositor con arrastre y capacidad, se usaría todo el poder del Estado para atacarlo.
Eso ha producido un retraso en la definición de los probables contendientes y ha dado una enorme ventaja a quienes buscan suceder al presidente López Obrador desde Morena.
Ya le he comentado que las alternancias en la Presidencia de la República, tres hasta ahora, han ocurrido cuando los candidatos opositores han iniciado su campaña con mucha anticipación: Vicente Fox la comenzó tres años antes de la elección; Enrique Peña al menos 5 años antes, y López Obrador tenía más de 10 años en campaña.
Al margen del Plan C, el ‘Plan M’ ya creó un ambiente de temor entre diversas personas que podrían aspirar a convertirse en candidatos presidenciales, reduciendo de esta manera la baraja de la que puede salir un candidato o candidata competitiva.
Y, en esa tarea, el presidente ha contado con el “respaldo” de los partidos opositores. De un PRI que parece siempre estar a punto de salirse del bloque opositor; de un PRD irrelevante; de un MC que pareciera querer jugar a que gane Morena, e incluso de un PAN que carece de un liderazgo moral entre sus propios simpatizantes.