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El Gobierno ha anunciado este martes una subida del techo de gasto para las cuentas de 2025. Este se aumenta un 3,2% hasta los 195.353 millones, un incremento de 6.138 millones de euros. Sin fondos europeos, el límite al gasto se queda en realidad igual, porque, según ha justificado la ministra de Hacienda, se están reduciendo las transferencias de fondos europeos, al tiempo que suben los créditos, que están computados en el capítulo financiero y no en el de gasto. El techo de gasto fija cuánto pueden subir los desembolsos del Estado. Se calcula a partir del crecimiento previsto de los ingresos y supone el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos. Se dejan fuera los presupuestos de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas y las entidades locales, pero sí que se incluyen las transferencias de impuestos que Hacienda entrega para completar la financiación de las pensiones y del paro. Aunque supone una pista importante de cuál va a ser la evolución del gasto, en esta cifra quedan fuera porciones muy importantes y el Gobierno siempre puede dejar luego partidas sin ejecutar.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que este aumento del gasto es compatible con la responsabilidad fiscal, con seguir mejorando a la vez el Estado del Bienestar y con el cumplimiento del nuevo marco fiscal europeo. La principal novedad para estas cuentas es que en 2025 entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales europeas y, por lo tanto, tendrán que ceñirse a ellas. Estas impondrán una senda en la que cada año el gasto anual tendrá un porcentaje máximo de subida. Este nuevo límite al crecimiento de los desembolsos no se aplicará a los intereses, los fondos cofinanciados por Europa y, además, se le restarán las subidas de impuestos. Es decir, si el Gobierno decide aumentar los ingresos, podrá contar con más margen para el presupuesto. Por eso, este concepto en Bruselas se llama gasto primario neto y se calcula con el objetivo de dejar la deuda pública en una trayectoria descendente con una elevada probabilidad hasta 10 años después de haber concluido el ajuste.
