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La regidora Isela Martínez Díaz calificó como extraña la justificación de la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados De la Rosa, sobre la cancelación de su visa estadounidense por una supuesta infracción de tránsito ocurrida en el estado de Nuevo México e hizo un llamado a revelar las verdaderas causas.
La coordinadora de regidores del PAN señaló que consultó las reglas migratorias que las autoridades estadounidenses tienen a disposición de cualquier persona en sus sitios oficiales en internet, en las cuales establecen que las multas o infracciones menores de tránsito, como exceso de velocidad, estacionamiento indebido o faltas similares, no suelen ser motivo para la cancelación de una visa de visitante tipo B1/B2, a menos que estén relacionadas a casos que deriven en conductas graves.
También pueden cancelar una visa por causas como proporcionar información falsa, ocultar antecedentes relevantes, incumplir las condiciones migratorias, registrar antecedentes penales, realizar actividades ilícitas o representar algún riesgo para la seguridad, entre otras circunstancias previstas por la legislación de ese país.
“Resulta poco creíble que una falta de tránsito que, según ella misma reconoce, ocurrió hace años y que incluso no fue observada durante su renovación de visa, sea ahora la causa de su cancelación. Es claro que se trata de un intento por construir una narrativa política para evitar explicar con claridad lo sucedido. De ser así cientos de chihuahuenses se quedarían sin visa y sería un fenómeno constante al viajar a Estados Unidos”, expresó.
Además, lamentó que en lugar de aclarar los hechos, la dirigente morenista pretenda atribuir la situación a un supuesto contexto político o a presiones externas, sin presentar evidencia que respalde dichas afirmaciones.
“Los ciudadanos merecen explicaciones claras y honestas. La confianza pública se construye con la verdad, no con versiones que contradicen los propios procedimientos migratorios de las autoridades estadounidenses”, agregó.
Sostuvo que quienes ocupan cargos de representación o dirigencia partidista tienen la obligación de conducirse con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de asuntos que involucran su credibilidad pública.
