A través de la presente, se expone una serie de hechos relacionados con el comportamiento abusivo y hostil de Miriam Guadalupe Gómez Rosales, quien ocupa el cargo de Coordinadora del área de Psicología de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Estado, desde el 1 de enero de 2024. Desde su llegada, ha generado un ambiente laboral tóxico, lo que ha resultado en la renuncia de seis psicólogos debido a sus actitudes intimidantes.
Entre las conductas que se destacan de la Coordinadora se encuentran la emisión de indicaciones confusas, comentarios inapropiados sobre la vestimenta y forma de expresión de los colaboradores, así como trato desigual y preferencial hacia ciertos miembros del equipo. Además, ha activado al personal de guardia innecesariamente, especialmente si el psicólogo asignado no es de su agrado.
Asimismo, ha evidenciado públicamente los errores de los empleados, la mayoría de los cuales fueron ocasionados por las indicaciones confusas impartidas por ella misma. Ha ejercido abuso de autoridad al negar permisos y modificar horarios sin previo aviso, además de solicitar información urgente fuera del horario laboral e incluso durante las vacaciones de los empleados. Se muestra insensible ante solicitudes de permisos por motivos de salud y ha tomado represalias contra aquellos que se han inconformado. De igual forma, ha generado desconfianza entre los miembros del equipo al difundir rumores y fomentar un ambiente de vigilancia constante.
Una muestra adicional de abuso de autoridad ha sido la asignación de cargas de trabajo excesivas para algunos miembros del personal; mientras que a otros les ha quitado usuarios con el fin de invisibilizarlos y disminuir su carga laboral, creando desequilibrios que afectan tanto al rendimiento como a la moral del equipo.
Por otro lado, se mencionan prácticas que transgreden el secreto profesional, tales como la escucha no autorizada de sesiones terapéuticas, para luego sugerir cambios en las intervenciones realizadas por los psicólogos. En ocasiones, ha interrumpido sesiones de psicoterapia, abriendo la puerta de las oficinas de los terapeutas para cuestionar sus intervenciones y ridiculizar a su personal frente a las víctimas. La Coordinadora también ha utilizado su cercanía con la comisionada para amenazar y manipular a su equipo, lo cual ha contribuido a un clima de incertidumbre y miedo constante.
El día 22 de enero de 2025, diez psicólogos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitaron, a través de un oficio dirigido a la Mtra. Norma Ledezma quien
es titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, una reunión sin la presencia de la Coordinadora, para expresar todas las acciones y actitudes abusivas de la Mtra. Miriam Gómez. Este oficio fue también entregado a la oficina del Fiscal César Jáuregui Robles, a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, a la Función Pública y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.
El 24 de enero de 2025, a las 3:00 pm, se llevó a cabo una reunión con la Mtra. Norma Ledezma y la Mtra. Bianca Bustillos, en la que los diez psicólogos expresaron sus inconformidades por el comportamiento de la Coordinadora Miriam Gómez. La junta duró alrededor de cuatro horas, sin ser suficientes para exponer todas las acciones hostiles y abusivas de la mencionada Coordinadora.
El 31 de enero de 2025, la comisionada Norma Ledezma convocó una junta con todo el personal del área de Psicología, en la que, a pesar de lo expuesto, se decidió mantener a la Mtra. Miriam Gómez en su puesto, informando que se había conversado con ella para que modificara su comportamiento. A partir de este momento, comenzaron a surgir represalias por parte de la Coordinadora, quien realizó comentarios pasivo-agresivos, se victimizó ante las quejas de su equipo y obstaculizó diversas solicitudes derivadas de las necesidades de su personal.
Como resultado de esta situación, dos psicólogas renunciaron en febrero de 2025, debido a la falta de atención a sus quejas y a la evidente degradación del área de Psicología, que antes de la llegada de la Coordinadora era una de las que menos rotación de personal registraba, y donde las renuncias se debían generalmente a razones de crecimiento profesional y no a un ambiente hostil que dificulta la atención óptima a las víctimas.
El 5 de marzo de 2025, la Junta Arbitral para los Trabajadores emitió una orden de protección para siete psicólogos que han enfrentado estas situaciones. Esta medida exhorta a la Fiscalía General del Estado a garantizar que la Coordinadora Miriam Gómez no establezca ningún tipo de comunicación, ya sea directa o indirecta, con los psicólogos mencionados en la medida. También se solicita que no se modifiquen ni suspendan los derechos laborales de los afectados, que se implementen protocolos de prevención de violencia laboral y que cesen los actos de violencia laboral contra los mencionados.
El 7 de marzo de 2025, se notificó al personal que la Mtra. Miriam Gómez dejaría de ser la Coordinadora del área de Psicología, y se indicó que no debía haber comunicación entre ella y el personal. Se encargó temporalmente de la
coordinación del área a otra de las psicólogas del equipo. Sin embargo, después de aproximadamente una semana, se devolvió el cargo de Coordinadora a la Mtra. Miriam Gómez, sin notificarlo al personal, especialmente a aquellos psicólogos que estaban contemplados en la medida de protección. Esto generó confusión sobre la autoridad a la que debían dirigirse, y en ocasiones, la psicóloga que estaba encargada de la coordinación fue utilizada como portavoz de las indicaciones de la Coordinadora Miriam, a pesar de que la medida de protección exhorta a que no exista comunicación indirecta.
Después de que se devolviera el puesto a la Mtra. Miriam Gómez, se tomaron acciones para aislar a los psicólogos impetrantes de diversos psicosociales y colectivos. Se les dejaron de asignar usuarios con el objetivo de invisibilizar su trabajo y evitar cualquier tipo de comunicación directa entre ellos y la Coordinadora. Esto afectó directamente la calidad del servicio prestado, ya que los psicólogos que alzaron la voz, quienes son los verdaderos afectados, vieron cómo su labor se veía interrumpida y desorganizada. Y las consecuencias por alzar la voz recayeron sobre ellos, no sobre la Coordinadora, como debería haber sido.
Es importante resaltar que, si bien las conductas de violencia laboral a menudo son invisibilizadas y naturalizadas en nuestra sociedad, los psicólogos que atienden a las víctimas de delitos de alto impacto enfrentan diariamente situaciones extremas. Estos profesionales acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia, gestionando constantemente las emociones y el dolor de aquellos que confían en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las acciones descritas obstruyen la capacidad del personal para ofrecer una atención óptima a las víctimas, ya que gran parte de su tiempo y esfuerzo se ve dedicado a protegerse de las represalias de su Coordinadora, en lugar de recibir el respaldo necesario para desempeñar su labor de manera efectiva.