Pensemos en una niña de 12 años. El viernes, en una fiesta con sus “amigos”, alguien le tomó una fotografía sin que se diera cuenta. Durante el fin de semana, esa imagen comenzó a circular por un grupo de WhatsApp: bromas, memes y, finalmente, comentarios sobre su cuerpo. El lunes, cuando entra al salón, algunos se ríen, otros evitan hablarle.
Pero lo peor es que cuando llega a casa, el infierno continúa. Está en su teléfono y en su intimidad. Esto responde a una modernidad con códigos distintos a los de nuestras infancias, cuando las malas experiencias de la jornada escolar podían quedarse atrás al llegar a casa. Eso cambió: hoy el acoso puede ser 24/7.
El pasado 5 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, una fecha impulsada por la UNESCO para llamar la atención sobre una problemática que vulnera a millones.
Y los números ayudan a dimensionar el problema. En 2024, la OMS publicó un estudio realizado en 44 países que encontró que uno de cada seis adolescentes había sufrido ciberacoso. Además, su prevalencia aumentó respecto de 2018. En México, el INEGI informó que durante 2024, el 21% de la población usuaria de internet de 12 años o más experimentó alguna situación de ciberacoso. Estamos hablando de 18.9 millones de personas.
Y ojo, las infancias son más propensas a que una humillación pública en redes conlleve un trauma con consecuencias de larga data.
En este contexto, en México, desde el 3 de noviembre entró en vigor un acuerdo de la SEP que restringe el uso de celulares durante toda la jornada escolar en educación básica, contemplando excepciones para actividades pedagógicas previamente programadas y emergencias.
El sentido de esta iniciativa, recuperar a la escuela como espacio de encuentro y aprendizaje, es necesario, pero es también el primer paso de un camino más largo.
¿Qué sucede cuando los niños salen de la escuela y vuelven a conectarse? ¿Cuánta responsabilidad podemos delegar en las familias?
Las compañías dueñas de plataformas digitales son un actor que no debe quedar fuera de la discusión. Las redes sociales son productos diseñados por equipos de especialistas en comportamiento y experiencia usuaria, cuyo negocio depende de mantenernos conectados e interactuando. Y ahí está el problema: un estudio publicado en 2025 en la revista científica PNAS Nexus, mediante una auditoría del algoritmo de X, encontró que su sistema de recomendación amplifica contenidos emocionalmente hostiles hacia grupos opuestos entre sí.
Y aquí es cuando el tema toma otra dimensión que afecta también nuestra democracia.
En Estados Unidos, desde 1996, la Sección 230 de la Communications Decency Act establece una amplia protección para las plataformas frente a la responsabilidad por contenidos publicados por terceros. Es decir, quien publica responde, no la empresa que proporciona el espacio para hacerlo.
Este modelo ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, particularmente cuando las plataformas amplifican mensajes que pueden poner en riesgo la democracia.
Brasil ofrece un ejemplo: después del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, en un contexto de desinformación que cuestionaba el resultado electoral, quedó todavía más expuesto el papel de las redes en la propagación de mensajes antidemocráticos.
Por eso, en junio de 2025, el Supremo Tribunal Federal brasileño declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil da Internet y estableció nuevos criterios para responsabilizar a las empresas por contenidos de terceros.
Y no podemos ignorar el poder electoral de estas compañías. En octubre de este año, el diario Folha de S.Paulo reportó que empleados de Meta reconocían restricciones que afectaron las cuentas de Instagram de Lula da Silva, candidato a la presidencia, durante su campaña electoral. Y aquí pregunto: ¿quién vigila a quienes tienen la capacidad de modificar la visibilidad de candidaturas y movimientos?
No podemos pedirle a personas particulares todas las herramientas para defenderse de sistemas diseñados por las empresas tecnológicas más poderosas del mundo, y tampoco dejar que la protección de nuestra democracia dependa de las decisiones de las mismas.
Esto no intenta demonizar las redes sociales, al contrario, son herramientas que sirven para informarnos y encontrarnos, pero ninguna infancia debería tener que aprender a convivir con la violencia como si fuera el precio inevitable de estar conectada. Y ninguna democracia debería dejar su conversación pública en manos de algoritmos que no está en condiciones de vigilar.