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Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, aseguró que la administración estatal, encabezada por la gobernadora, María Eugenia Campos, no solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), que iniciase un proceso jurídico en contra del ex mandatario Javier C.J.

De la Peña Grajeda, indicó que fueron las mencionadas dependencias estatales las que ubicaron, y procedieron -según lo establecido por la ley-, de forma autónoma en contra del ex homólogo de Camps Galván.

El ex titular del Ejecutivo estatal, es señalado por la Justicia, por el desvió de más de 98 mdp, de recurso público, efectuado mediante triangulaciones en una reestructuración de la deuda estatal, explicado por el actual fiscal Anticorrupción y ex fiscal General del Estado, Roberto Fierro, por lo que el secretario, desmintió las acusaciones de Corral Jurado, de persecución política, ejercida desde la administración eststal en contra de su persona.