La operación del área de inteligencia de la Policía Municipal de Chihuahua vuelve a quedar bajo cuestionamiento, luego de señalamientos relacionados con la forma en que algunos de sus agentes realizan labores de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo con las denuncias, elementos que realizan estas tareas se movilizan en vehículos sin identificación visible e incluso, en algunos casos, sin placas, mientras solicitan a propietarios de establecimientos y responsables de sistemas de videovigilancia las grabaciones relacionadas con hechos delictivos.
El problema, según los señalamientos, no sería únicamente la falta de identificación de los agentes, sino la manera en que obtienen el material. Se afirma que en lugar de presentar un oficio o documento que permita acreditar la investigación a la que corresponde la solicitud, algunos elementos prácticamente exigen los videos, dejando dudas sobre quién los solicita, bajo qué investigación y cuál será el destino de las imágenes.
La situación cobra mayor relevancia ante el número de homicidios registrados en la ciudad. Si, como se ha señalado, durante septiembre se acumulan 31 asesinatos, la pregunta resulta inevitable: ¿cuántos de esos casos han logrado esclarecerse gracias al trabajo de seguimiento mediante cámaras realizado por esta área municipal?
En la versión digital de esta información se muestran imágenes de tres elementos que realizan este tipo de labores, precisamente para que la ciudadanía pueda conocer cómo se presentan quienes acuden a solicitar material de videovigilancia. El cuestionamiento de fondo es si una corporación que pretende generar confianza puede permitir que sus agentes trabajen sin una identificación clara y sin acreditar formalmente el motivo de sus solicitudes.
También queda pendiente conocer qué protocolos existen para resguardar, documentar y entregar las grabaciones obtenidas, quién tiene acceso a ellas y si existe un registro que permita saber qué videos fueron solicitados, por qué investigación y ante qué autoridad fueron puestos a disposición.
Son cuestionamientos que la Dirección de Seguridad Pública Municipal tendría que responder con claridad, particularmente cuando se habla de un área presentada como estratégica para combatir e investigar delitos. Porque si se trata de inteligencia policial, lo mínimo que debería existir es identificación, documentación, protocolos y resultados.
Y en medio de una ciudad que enfrenta una problemática seria de homicidios, no basta con acumular horas de video: también habría que demostrar que esas imágenes están ayudando a esclarecer delitos y no solamente a llenar archivos cuyo destino y utilidad permanecen, hasta ahora, bajo interrogantes.
