HABLANDO Y ESCRIBIENDO

POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*

Se cierran filas ante los ataques externos, pero el deterioro interno sigue esperando firmeza, decisión y gobierno.

En Chihuahua, la justicia ha dejado de parecer un engranaje institucional para asemejarse, cada vez más, a un mecanismo exhausto: desordenado, reactivo y peligrosamente inclinado a la simulación.

El episodio reciente lo retrata con nitidez: un juez penal ordenó una audiencia, el Ministerio Público no compareció y la respuesta fue tan insólita como reveladora: requerir la presencia de la policía y de la Guardia Nacional para obligar su asistencia, manteniendo incluso abierta la diligencia hasta la llegada de la representante social. Cuando la fuerza pública debe intervenir para que una pieza esencial del sistema cumpla con su deber, ya no estamos ante un simple contratiempo procesal, sino ante un síntoma de descomposición institucional.

Podrán invocarse tecnicismos, suspensiones, notificaciones defectuosas o criterios operativos. Todo eso podrá tener cabida en los papeles. Lo que ya no encuentra acomodo en el sentido común es que la justicia funcione a tirones y luego pretenda presentarse como normalidad administrativa. Las instituciones que se explican demasiado suelen terminar exhibiendo más de lo que intentan encubrir.

Y mientras eso ocurre, los llamados conversatorios entre Fiscalía y juzgadores siguen acumulando tiempo, formalidades y cortesías, pero no soluciones. Son espacios donde se dialoga mucho y se corrige poco; donde se administra la tensión, pero no se resuelve el problema. Si después de tantos encuentros el sistema continúa fallando en lo elemental, entonces esos ejercicios no están coordinando a las instituciones: apenas están aplazando su crisis.

La pregunta, entonces, ya no es qué salió mal en una audiencia. La pregunta de fondo es qué están haciendo —o dejando de hacer— el fiscal de la zona centro y el propio fiscal general para impedir que el deterioro siga convirtiéndose en espectáculo público. Porque cuando la descoordinación se vuelve costumbre, la omisión deja de ser abstracta: adquiere nombre, responsabilidad y jerarquía.

Pero el fondo del problema no se agota en el desencuentro entre jueces y fiscales. Se encuentra también en la base que sostiene el sistema: los agentes del Ministerio Público, a quienes se les exige con severidad y se les reconoce con mezquindad. Sobre ellos recaen carpetas, audiencias, presión social y desgaste institucional; y, sin embargo, continúan soportando condiciones salariales que hace tiempo dejaron de corresponder al peso de su responsabilidad.

Ahí está, además, la solicitud suscrita por más de 200 ministerios públicos para pedir al Congreso del Estado y a la titular del Ejecutivo un aumento salarial, exhibiendo el rezago de sus ingresos frente al crecimiento del salario mínimo y del costo de vida. No se trata de una exigencia caprichosa, sino de un reclamo legítimo, razonable y largamente postergado. Frente a esa causa, la posición ética no admite titubeos: solidaridad, empatía y respaldo.

Y aquí conviene decirlo con la misma franqueza con la que otras veces hemos cerrado filas: frente a los embates y ataques del Ejecutivo federal y de Morena, a la gobernadora se le ha brindado empatía, solidaridad y apoyo incondicional. Pero esa firmeza que se invoca hacia afuera también tendría que ejercerse hacia adentro. Porque una cosa es resistir la ofensiva externa y otra, muy distinta, torcer el rostro ante los problemas propios, administrarlos con incomodidad o simplemente no encararlos. Gobernar también significa asumir los costos del orden interno, no sólo denunciar los excesos ajenos.

Lo inadmisible es que, mientras el aparato presume discurso, quienes sostienen materialmente la procuración de justicia sigan esperando respuesta. Ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni la propia Fiscalía pueden seguir fingiendo sorpresa ante un desgaste que conocen de sobra. No se puede exigir eficacia con salarios rezagados, cargas desbordadas y abandono institucional.

Porque, al final, el problema ya no es sólo jurídico: es moral y político. Un gobierno que exige mucho, paga poco y además tolera la descoordinación no administra justicia; administra desgaste. Y cuando la autoridad necesita policías para hacer comparecer a sus propios funcionarios, mientras desoye el reclamo de quienes todavía sostienen el sistema, ya no estamos frente a una anomalía aislada, sino frente a una institución que perdió proporción, rumbo y autoridad moral.

La figura del fiscal interino tiene hoy algo más que una oportunidad: tiene una responsabilidad inaplazable. Poner orden hacia adentro, corregir distorsiones y asumir, de una vez por todas, que sin un Ministerio Público fortalecido —también en lo salarial— no hay institución que resista ni justicia que conserve credibilidad. Porque el verdadero carácter del poder no se prueba sólo cuando enfrenta agravios externos, sino cuando decide, sin evasivas, corregir sus fracturas internas.

*Abogado Litigante, integrante de la FECHCA, miembro del colegio de Juristas “Jorge Mazpulez Pérez”, socio de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.