• Las propuestas de modificación a la Ley de Amparo limitan los efectos generales de las
sentencias y reducen la eficacia del mecanismo.
• COPARMEX solicitó participar en las mesas del Senado para garantizar que las reformas
a la Ley de Amparo no afecten a los ciudadanos ni a quienes generan empleo.
• El proyecto de reforma abre la puerta al Poder Ejecutivo en la agenda judicial, poniendo
en riesgo la independencia de los tribunales.
Ante la reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y los ajustes presentados el 15 de septiembre
de 2025 por parte de la Presidenta de México, en la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) advertimos que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el
juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derechos en México y de la defensa
ciudadana.
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En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo democrático y, por ello, hemos
solicitado formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está
organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo. Representamos a miles de
empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche y atienda nuestra voz
para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo.
Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un
retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que protegen a
los ciudadanos y a quienes generan empleo en México.
Los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover
un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Esto reduce los
efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba
a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos,
emprendedores y empresas.
El juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido
clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad. México
fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza
ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos. Limitarlo significaría un
retroceso histórico.
Las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita
daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a
decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios
y mayor inseguridad jurídica.
El interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas,
limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional. Si se restringe el interés
legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie
podría impugnarlas en representación del colectivo. Debilitar el interés legítimo genera un
escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se
convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que litigar solo, con más
costos y menos certeza para todos.
En el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos,
amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos
fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco. Para las empresas, esto
representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos,
dañando la economía nacional.
Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que
podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de
desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin
las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial. Asimismo, la digitalización
obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación
tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.
Las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte. Esto
abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la
independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país para atraer
inversión y generar empleo.
Desde COPARMEX hacemos un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para
reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil, organizaciones
empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como
un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos. Su fortalecimiento es indispensable para
la consolidación del Estado de derecho, la justicia efectiva y la confianza en las instituciones.
Solo con instituciones sólidas, independientes y confiables México podrá mantener la justicia,
la libertad, la seguridad jurídica y la competitividad necesarias para proteger los derechos de la
ciudadanía, atraer inversiones, fomentar la creación de empleos y consolidar un país en paz y
crecimiento.
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