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Por mayoría de votos, el Congreso del Estado le ha exigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que investigue a Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez, por usar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para reprimir a un grupo de activistas que, con micrófono y bocina, se manifestaron en su contra, afuera de su domicilio. Le solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que atienda las denuncias interpuestas contra él y su gabinete.

Por iniciativa de la diputada Marisela Terrazas, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), la LXVII legislatura emitió tres exhortos: uno al presidente municipal, para que se apegue a la ley, se abstenga de actuar con violencia en contra de quienes protesten, de arrestarlos sin fundamento; el de la CEDH; y el de la Fiscalía Anticorrupción, a la que, además, le pidió informes sobre el estatus de las indagatorias.

Más allá de las detenciones arbitrarias, Terrazas concibe que Pérez Cuellar ha transformado el poder que le fue concedido en 2021 en una herramienta para su beneficio personal, en un constante malgasto de los recursos públicos, y no, como es deber de todo funcionario, para velar por la integridad de la población. Su gestión —advirtió— evidencia debilidad y falta de voluntad para rendir cuentas ante la ciudadanía.

Puntualizó que, contrario a como denota la actuación de Pérez Cuellar, los manifestantes no son delincuentes, pues tienen derecho legítimo a opinar, expresarse y exigir transparencia a los gobernantes. De no remediar la postura, Terrazas advirtió que los juarenses continuarán callando ante las omisiones y la ineficacia de la actual administración.