La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reforma constitucional para combatir la extorsión, la cual empezará a analizarse la próxima semana en comisiones de la Cámara de Diputados.
La enmienda constitucional faculta a las cámaras de Diputados y de Senadores a expedir una ley general sobre extorsión que homologue el tipo penal y las penas que deben aplicarse cuando se comete este ilícito, dada la diversidad de sanciones que existen en los códigos penales locales.
También se busca clasificar a la extorsión como un delito de alto impacto que supere los 12 años de prisión y los 600 mil pesos de multa, es decir por arriba del promedio que establecen los códigos penales estatales.
«Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”, dice la iniciativa presidencial.
Expone que los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas de este ilícito en 2024 y en enero de 2025, solo el primero acumuló el 33.1 por ciento.
En los artículos transitorios, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para emitir la ley secundaria en esta materia.
