Las comisiones unidas del Senado aprobaron por unanimidad de 33 votos la reforma constitucional que establece un nuevo esquema para la vivienda de interés social para trabajadores del sector privado, al retomar el área de construcción por parte de los institutos federales de apoyo a la vivienda, así como la creación de un modelo para que las personas puedan rentar casas de interés social con fines a comprarlas.
Durante la discusión, María Guadalupe Chavira, de Morena, consideró que esta reforma, que se refiere a los trabajadores que cotizan para el Infonavit, abre un oportunidad importante para los trabajadores, que en los últimos años tuvieron una dinámica interminable de pagos y ahora se termina con esta injusticia; es importante que puedan adquirir o rentar una vivienda digna. Alertó que también se debe avanzar en la escrituración, para dar certeza jurídica a la propiedad.
Mayuli Ltifa Martínez, del PAN, consideró que la reforma sí puede ayudar a resolver el problema de acceso a la vivienda digna, con créditos accesibles y suficientes. El precio de una vivienda, en promedio, es de un millón 700 mil pesos, pero incremeta hasta un cinco por ciento anual, lo cual se convierte en un acceso complicado para la mayoría de la población.
Resaltó los aspectos positivos de las nuevas disposiciones constitucionales, como el concepto de vivienda digna; que se pueda rentar una vivienda de interés socil con oportunidad de comprarla; que el crédito sea accesible, entre otros. Pero consideró que es necesario dejar clara la definición de “renta social” o “vivienda adecuada” y que es muy importante que se definan con claridad.
Mely Romero, del PRI, anunció el apoyo al dictamen, porque quien recorre las calles saben que existe una gran necesidad de vivienda; hay familias que viven dos o tres generaciones en un mismo espacio y hay mucha vivienda abandonada y lotes baldíos y la reforma va en el sentido correcto, porque va a permitir ampliar el acceso a créditos para adquirir o mejorar una vivienda; sin embargo, se trata de una solución para quienes tienen un trabajo formal y es necesario incluir a los trabajadores del sector informal, donde hay muchos jóvenes.
Luis Armando Melgar, del Partido Verde y presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, codictaminadora de la reforma, expresó el respaldo de su partido a la reforma.
Reveló que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Vivienda, el 58% de las viviendas presentan necesidades de construcción, ampliación y mejoramiento; sumado al 24.6% de la vivienda particular habitada tienen en promedio 31 años o más de antigüedad. El INEGI señala que existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa 23.3% del inventario total de viviendas particulares habitadas; el 16.4% de las viviendas en México son arrendadas por hogares de ingresos de medios y de jóvenes.
Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, expresó el respaldo de su fuerza política a la reforma, pues el déficit de vivienda que se tiene es preocupante, a pesar de que se halla avanzado en los últimos seis años; “en 2020 reformamos la ley para que los créditos de vivienda se entregaran de manera directa, sin intermediarios y para que los créditos se usaran para comprar y remodelar y en el 2023 hubo legislación para que las trabajadoras del hogar y migrantes tengan acceso a un cédito de vivienda; por eso ahora es importante esta reforma, ante el rezago de ocho millones de viviendas”
Alejandra Barrales anunció que Movimiento Ciudadano ve como positiva esta reforma, pero expernó “preocupación sobre dos aspectos.
“Uno con reconocer el número tan grande de trabajadores en la informalidad; este dictamen resuelve el problema de vivienda de los trabajadores que están en la formalidad, pero los 32 millones que están en la informalidad no está incluidos. Y el otro aspecto importante tiene que ver con las formas de producción de esta vivienda, porque el dictamen no incluye la autoconstrucción y esto nos parece relevante, porque al no incluirlo se mantendrán los asentamientos irregulares”, dijo