La ciudad de Chihuahua despierta una vez más bajo la sombra de la muerte: en solo los primeros cinco días de enero de 2026, se han registrado 11 homicidios dolosos, elevando la cuenta a más de una docena de víctimas en lo que va del año. Este inicio sangriento no es un accidente aislado, sino la prueba irrefutable de que las estrategias de seguridad —tanto locales como federales— han fallado estrepitosamente. La respuesta oficial, repetida hasta el cansancio como «guerra por la plaza» entre facciones criminales, suena ya a excusa gastada que no engaña a nadie, mientras la violencia no solo se mantiene, sino que avanza con mayor audacia en las calles.
Ningún operativo mediático, ninguna mesa de coordinación ni la tecnología anunciada con bombo y platillo han logrado detener esta espiral que transforma a la capital en un campo de batalla donde los inocentes pagan el costo más alto. Once vidas arrancadas en menos de una semana no son números fríos: representan hogares destruidos, barrios paralizados por el miedo y una ciudadanía que ve erosionarse su confianza en instituciones incapaces de proteger lo elemental. Con delincuentes actuando en impunidad y fuerzas del orden superadas, el fracaso es innegable. Seguir con las mismas fórmulas solo asegura más derramamiento de sangre; Chihuahua exige un cambio profundo y urgente en el enfoque de seguridad, antes de que la normalización de la muerte se vuelva irreversible.
