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Las autoridades de Burkina Faso decretaron el jueves una «movilización general» para «dar al Estado todos los medios necesarios» para combatir los ataques yihadistas en el país, incluida la posibilidad de reclutar a la población.

«Se trata sobre todo a través de este decreto de dar un marco jurídico y legal al conjunto de acciones a poner en marcha para hacer frente a la situación que vive Burkina Faso», afirmó un comunicado de la presidencia tras una reunión del consejo de ministros.

Con esta decisión, las autoridades tendrán «el derecho a solicitar personas, bienes y servicios, el derecho a someter a control y repartición los recursos de abastecimiento» y «el derecho de reclamar el uso de la defensa, a título individual o colectivo», precisó un resumen del consejo de ministros.

En diciembre, el presidente de transición, Ibrahim Traoré, que llegó al poder tras un golpe de Estado en septiembre de 2022, acudió al Consejo Constitucional para la adopción de este decreto y recibió luz verde.

Entonces, el capitán Traoré invocó las «graves amenazas sobre las instituciones de Burkina Faso, la independencia de la nación y la integridad del territorio nacional».

Escenario de dos golpes de Estado militares en 2022, Burkina Faso sufre desde 2015 una espiral de violencia yihadista que antes había aparecido en Malí y Níger y se ha expandido más allá.

La semana pasada, 44 civiles murieron en un ataque contra dos aldeas en el noreste del país, cerca de la frontera con Níger.

Desde 2015, la violencia yihadista ha dejado más de 10.000 muertos entre civiles y militares y unos dos millones de desplazados, según oenegés.