Williams consideró que la ley de Florida era probablemente inconstitucional por invadir la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la política de inmigración de Estados Unidos.
El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, y otros funcionarios estatales presentaron la solicitud de emergencia el 17 de junio pidiendo al Tribunal Supremo que paralizara la orden del juez.
La solicitud del estado a los jueces fue respaldada por America First Legal, un grupo conservador cofundado por Stephen Miller, un alto asesor del presidente Donald Trump y arquitecto clave de las políticas de inmigración de línea dura de la administración.
La medida de inmigración de Florida fue aprobada por la legislatura del estado, controlada por los republicanos, y firmada en febrero por el gobernador republicano Ron De Santis. Florida se convirtió así en uno de los siete estados que han aprobado este tipo de leyes en los últimos años, según los archivos judiciales.
La Unión Americana de Libertades Civiles presentó en abril una demanda ante un tribunal federal para impugnar la ley.
La ley impone penas mínimas obligatorias a los inmigrantes adultos que se encuentren ilegalmente en el país y sean declarados culpables de entrar en Florida tras haber llegado a Estados Unidos sin cumplir la ley federal de inmigración. Las autoridades de Florida sostienen que la medida estatal se ajusta a la ley federal, en lugar de entrar en conflicto con ella.
Las penas por infracciones comienzan en nueve meses de prisión para los primeros infractores y llegan hasta cinco años para determinados inmigrantes ilegales que tengan antecedentes por delitos graves y entren en Florida después de haber sido deportados o de que un juez federal haya ordenado su expulsión de Estados Unidos.
La ley estatal exime a los inmigrantes a los que el gobierno federal haya concedido cierta autorización para permanecer en el país.
Sin embargo, la represión de la inmigración en Florida no hace excepciones en el caso de quienes buscan protección humanitaria o tienen pendientes solicitudes de ayuda de inmigración, según la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda ante un tribunal federal para impugnar la ley.
