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Grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos demandaron al gobierno de Biden por una nueva política que impide solicitar asilo a la mayoría de los inmigrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera con México, amenazando con hacer descarrilar un esfuerzo para una aplicación de gran alcance.

Los grupos, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) argumentaron que las restricciones aplicadas la semana pasada violan la legislación estadounidense en materia de asilo y que Biden no siguió el procedimiento reglamentario adecuado. La demanda se presentó ante un tribunal federal de Washington D.C.

Biden, demócrata que aspira a un nuevo mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha tenido que lidiar durante su presidencia con millones de inmigrantes atrapados al cruzar ilegalmente la fronterasuroeste.

La inmigración es uno de los principales temas electorales y el contrincante republicano de Biden, el expresidente Donald Trump, ha prometido tomar medidas enérgicas si gana otro mandato en la Casa Blanca.

Biden ha endurecido su postura en los últimos meses, respaldando un proyecto de ley bipartidista del Senado que aumentaría los recursos en la frontera y ampliaría la capacidad de aplicación de la ley.

La nueva prohibición refleja las políticas de la era Trump que pretendían denegar a los inmigrantes el acceso al asilo en la frontera y utiliza la misma autoridad legal que las prohibiciones de viaje de Trump que bloquean a las personas procedentes de naciones de mayoría musulmana y de otros lugares.

Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la administración Biden «carece de autoridad unilateral para anular al Congreso», citando decisiones legales anteriores relacionadas con políticas de la era Trump.

Los migrantes atrapados cruzando ilegalmente podrían ser deportados rápidamente o devueltos a México bajo la medida de Biden. La prohibición incluye excepciones para los niños no acompañados, las personas que se enfrentan a graves amenazas médicas o de seguridad y las víctimas de la trata de personas.

Las cuestiones operativas clave siguen sin estar claras, como la forma en que Estados Unidos deportaría rápidamente a los migrantes de países lejanos y poco cooperativos y cuántos migrantes no mexicanos aceptaría México bajo el nuevo régimen de aplicación de la ley.