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Un suspiro colectivo de alivio se exhaló en las principales carreteras del país este jueves 27 de noviembre, cuando líderes de transportistas de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC) y agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) ordenaron el desmantelamiento de los 31 bloqueos que habían paralizado el tráfico en 11 entidades durante casi cuatro días intensos, un cierre que generó filas kilométricas, mercancías varadas y un impacto económico millonario, todo culminando en una maratónica reunión de más de 13 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob) que desató un acuerdo histórico para apaciguar la furia rural y vial.
La tensión, que inició el lunes 24 con cierres en puntos estratégicos como el Arco Norte, puentes internacionales en Chihuahua y casetas en Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo y Sonora, había escalado a amenazas de asedio total a la Ciudad de México, con demandas que clamaban por seguridad en rutas plagadas de extorsiones —donde se registran más de 13 mil asaltos anuales— y precios justos para cosechas de maíz, trigo y soya que apenas cubren costos en un campo asfixiado por la sequía y la Ley de Aguas pendiente. El subsecretario César Yáñez Centeno, al frente de las negociaciones, cedió en puntos cruciales: la creación de una Fiscalía Especializada en Carreteras para combatir el crimen organizado que cobra «derecho de piso» con balas, la regularización inmediata de licencias plastificadas pendientes desde hace 12 sexenios, el pago de 1,200 millones de pesos adeudados a productores de trigo y mesas regionales para una distribución equitativa del vital líquido que no robe a los surcos sedientos del norte.
El levantamiento comenzó de forma escalonada la tarde del jueves, con la liberación de casetas como Panindícuaro y Vista Hermosa en Michoacán, el puente Córdova de las Américas en Chihuahua y tramos del Bajío en Guanajuato, permitiendo que el flujo vehicular se normalizara en horas críticas y evitando un colapso mayor en aduanas fronterizas que ya había paralizado exportaciones. Líderes como David Estévez Gamboa de la ANTAC y Baltazar Valdés del FNRCM celebraron el pacto como un «triunfo colectivo» en un comunicado conjunto, reconociendo la «sensibilidad» del gobierno federal pero advirtiendo que vigilarán su cumplimiento con «ojo de halcón», un eco de la desconfianza acumulada tras mesas previas que se evaporaron como promesas en el desierto chihuahuense.
Este desenlace no solo desata el nudo que ahogaba la economía —donde el 80% de la mercancía viaja por camión y el agro aporta el 15% de los granos nacionales—, sino que expone las grietas de un sistema que obliga a trabajadores del volante y la azada a bloquear su propio sustento para ser oídos, un recordatorio de que en México, el diálogo solo florece bajo la presión de sirenas y barricadas. Mientras la Guardia Nacional restaura el orden en rutas como la México-Querétaro y la México-Puebla, el acuerdo brilla como un faro frágil: ¿será el bálsamo que sane el campo y las carreteras, o solo un alto el fuego antes de la próxima tormenta de deudas y balas?
