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Un clamor desesperado retumba desde las áridas extensiones de Chihuahua, donde líderes del sector agrícola han elevado la voz en un grito de auxilio que pinta un panorama apocalíptico: una crisis alimentaria que acecha como un fantasma inevitable, alimentada por el descuido crónico del gobierno federal y estatal hacia el campo, un abandono que seca no solo los surcos sino el futuro de millones que dependen de la tierra para llevar pan a la mesa en un estado que alguna vez fue el granero del norte.
En una rueda de prensa cargada de indignación, representantes de organizaciones como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Chihuahua (CAACh) y el Bloque de Productores Unidos no escatimaron en detalles sombríos: el recorte presupuestal del 80% en apoyos para riego y semillas ha dejado a miles de hectáreas en barbecho forzado, mientras la Ley de Aguas —aún en limbo por mesas de diálogo estancadas— amenaza con acaparar el vital líquido para megaproyectos industriales, dejando a los campesinos con pozos secos y deudas que se acumulan como tormentas no anunciadas. «Si no actuamos ya, en seis meses veremos estantes vacíos en supermercados y precios disparados que ahoguen a las familias humildes», advirtió José Luis García, presidente de la CAACh, con la voz quebrada por el peso de estadísticas demoledoras: una caída del 40% en la producción de maíz y frijol este año, y un éxodo rural que ya ha vaciado pueblos enteros, convirtiendo comunidades prósperas en pueblos fantasma donde el hambre acecha en cada puerta.
El abandono no es un susurro lejano, sino un rugido que devora vidas: subsidios evaporados desde la llegada de la nueva administración federal han forzado a productores a vender maquinaria para sobrevivir, mientras la inflación galopante en insumos como fertilizantes —que se han encarecido un 150%— transforma siembras esperanzadoras en apuestas suicidas contra la sequía y el cambio climático. En regiones como la Delicias y el Norte Independencia, donde el 40% de la economía gira en torno al agro, el panorama es de ruina inminente: sin inversión en canales de riego modernizados, el agua escurrirá hacia el extranjero vía tratados comerciales desiguales, dejando a Chihuahua —que aporta el 15% de los granos nacionales— al borde del colapso, un escenario que no solo amenaza la soberanía alimentaria del país, sino que podría disparar hambrunas localizadas en comunidades indígenas ya golpeadas por la pobreza extrema.
Voces como la de María Elena Ortiz, líder de mujeres productoras en Cuauhtémoc, pintan un lienzo de desesperación humana: «Nuestros hijos dejan la escuela para buscar jornales en ciudades lejanas, mientras el gobierno prioriza obras faraónicas sobre el sudor de quienes alimentan a México; esto no es abandono, es traición al pacto social que nos une a la tierra». La advertencia se extiende a un llamado urgente por acción inmediata: restaurar presupuestos, aprobar una Ley de Aguas equitativa que priorice el consumo humano y agrícola, y desplegar programas de emergencia para rescatar cosechas perdidas, en un estado donde el 60% de los agricultores enfrentan quiebras inminentes sin intervención estatal.
Este presagio de crisis no es un eco vacío en el viento del desierto chihuahuense, sino un ultimátum que obliga a replantear prioridades en un México donde el campo, olvidado en los salones de Palacio Nacional, podría convertirse en el epicentro de un hambre que no respeta fronteras ni clases sociales. Mientras los productores afilan sus voces para la movilización nacional del lunes 24, el reloj avanza inexorable, recordándonos que en la balanza entre el progreso urbano y la vida rural, el desequilibrio ya inclina la aguja hacia el abismo de la escasez colectiva.
