El diputado panista Jorge Soto lanzó un llamado urgente a la ciudadanía y a los medios de comunicación ante la aprobación de un paquete legislativo que, en sus palabras, “construye el andamiaje legal para vigilar y controlar a todos los mexicanos, bajo pretextos nobles como la seguridad, la justicia o la búsqueda de desaparecidos”.

Soto alertó sobre la reciente aprobación en el Senado de la Ley de Telecomunicaciones, que obliga a vincular cada línea telefónica con una CURP y permite a las autoridades acceder a llamadas, mensajes y geolocalización sin orden judicial. “Esto pone fin a la privacidad y somete a los mexicanos a la vigilancia estatal”, sostuvo.

Además, denunció la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que “permite al gobierno cruzar toda la información personal de los ciudadanos, compras, ubicación, huellas digitales, hospedajes, sin controles judiciales ni garantías de protección de datos”.

El diputado también criticó que la nueva legislación en materia de radiodifusión le otorgue al Ejecutivo federal la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo el argumento de proteger los “derechos de las audiencias”, un concepto ambiguo y sujeto a interpretación.

“El caso de China debe servirnos de advertencia: allá, el Estado ha desarrollado un sistema de vigilancia total donde cada ciudadano es monitoreado a través de cámaras con reconocimiento facial, geolocalización, historial de compras y redes sociales. Todo esto se cruza en un sistema de puntaje social, donde el comportamiento individual determina el acceso a servicios, trabajo o incluso la posibilidad de viajar. Eso no ocurrió de un día para otro. Comenzó, como ahora en México, con leyes que decían buscar seguridad y orden, pero terminaron justificando el control absoluto del individuo por parte del Estado”.

En este sentido, advirtió que México está cada vez más cerca de la consolidación de un Estado vigilante. “Hoy pueden justificarlo con discursos de justicia o seguridad, pero mañana puede usarse para perseguir voces opositoras. No lo debemos permitir”.

Jorge Soto concluyó exigiendo un debate nacional amplio, un freno inmediato al avance de estas leyes y una agenda que proteja los derechos civiles y digitales de la ciudadanía.