Iñaki Landáburu Llaguno, director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (AMAM), asegura que gastan 10% de sus utilidades en la instalación de dispositivos GPS y cámaras de videovigilancia, así como en la contratación de escoltas para evitar robos y asaltos en las carreteras, centros de distribución y tiendas.
“Es una reducción en las utilidades de fácil de 10%, lo cual es mucho dinero destinado para blindarse de los robos y otras acciones delictivas”, comenta el empresario.
“Toda esa inversión es necesaria, porque si no, no llegan todos los abarrotes y alimentos, que debemos surtir a toda la República Mexicana”, declara a Forbes México.
Desde hace varios años, los abarroteros han invertido en tecnología y alquiler de seguridad de escoltas y patrullas privadas para ahuyentar a los asaltantes en carreteras y los establecimientos de abarrotes, dice el también director de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (Andivyl).
“Tenemos GPS instalados en todos lados y camiones, y cámaras para evitar el robo”, explica el representante de las cadenas de abarrotes, quienes venden más del 54% de los alimentos en México.
A diario se movilizan más de 7 mil camiones con alimentos y abarrotes para ser distribuidos y comercializados en más de 635 mil tiendas y minisúpers instalados y con operaciones en la República Mexicana.
En días pasados, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) aseguró que el crimen organizado está controlando los precios y abasto de alimentos en poblaciones de Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
“En los últimos meses se han dado diversos hechos de violencia, robo y control de la comercialización de los alimentos básicos. Hechos que lastiman y que afectan a la población en general, son los acontecidos recientemente en diversos estados del país”, declaró el organismo presidido por José Antonio Abugaber Andonie.
Las industrias de alimentos afirmaron que es inadmisible que algunos estados pasen por esta complicada situación, ya que se pone en riesgo la seguridad alimentaria, el abasto y se encarecen los alimentos en esas poblaciones.
“Esto afecta en mayor medida a los que menos tienen, incluso a comunidades marginadas, que están a merced de la delincuencia organizada que controla los accesos a esas poblaciones, amenaza a los proveedores de insumos y alimentos, controla los precios y el abasto, dejando sin transporte a la cadena de suministro, al robar, quemar o destruir los camiones que surten esas regiones”, manifestó Concamin.
Los criminales han amenazado y quemado tiendas de conveniencia, pero “a nosotros nos ha ido muy bien y seguimos chambeando durísimo”, manifiesta Iñaki Landáburu Llaguno.
Cada día ha sido menos el robo de los camiones de carga en 2022, en comparación con 2021 y 2020, cuando se registró ”muchísimo”, expresa.
El número de robos ha disminuido por el trabajo en conjunto con las autoridades municipales y estatales: “Por ejemplo Reynosa, Tamaulipas, era una bronca, pues fue solucionado bastante bien y ahora está tranquilo”, añade el presidente de AMAM.
También se trabajó directamente con las autoridades de Sinaloa, que “hace cuatro años nos iba muy bien y hemos tenido relación con el gobernador para darle la vuelta a la problemática”.
“Seguimos teniendo problemas en Guanajuato, Michoacán, así como de Puebla a Córdoba y Coatzacoalcos, Veracruz, pero en general hemos logrado tener una buena relación con las policías estatales y municipales”, comenta Iñaki Landáburu Llaguno.
En 2022, detalla, se registraba un robo en contra de los camiones de carga con alimentos a diario entre San Martín Texmelucan, Puebla, a Córdoba, Veracruz.
“A veces uno, dos o tres, pero era diario y ahora en las zonas donde hay problemas son dos robos a las semana de camiones”, alerta el representante de los abarroteros.