La alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de grabaciones que presuntamente la vinculan con gestiones para brindar apoyo legal y material a los siete escoltas detenidos por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. Los audios, correspondientes a una conversación del 25 de noviembre de 2025, exponen supuestas instrucciones para atender a los familiares de los agentes y facilitarles apoyo durante su reclusión.

En la conversación aparece Samuel García Rivero, exfuncionario municipal que habría fungido como intermediario entre el Ayuntamiento y los familiares de los policías detenidos. En la grabación se mencionan gestiones relacionadas con la representación legal de los agentes, así como la entrega de artículos personales al interior del centro penitenciario. El contenido ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza y el alcance de las acciones descritas.

Los siete escoltas enfrentan un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existieron omisiones o colaboración que facilitaran el ataque contra el entonces presidente municipal. La difusión del audio añade un nuevo elemento a la controversia que rodea el caso.

El nombre de Samuel García Rivero también ha adquirido relevancia debido a que el exfuncionario fue detenido por su presunta participación en los hechos relacionados con el asesinato y por señalamientos sobre una posible filtración de información a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las grabaciones han despertado interrogantes sobre los vínculos entre los funcionarios municipales y las personas investigadas, aunque su contenido deberá valorarse dentro de las indagatorias correspondientes.

La difusión de estos señalamientos coloca nuevamente a Grecia Quiroz bajo el escrutinio público, en un caso que continúa generando repercusiones políticas y judiciales. La existencia de los audios no constituye por sí misma una prueba definitiva de responsabilidad penal de la alcaldesa, por lo que será necesario esclarecer el contexto de las conversaciones y verificar los hechos mencionados. Mientras tanto, la investigación por el asesinato de Carlos Manzo continúa siendo uno de los asuntos de mayor impacto en Michoacán.