POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*

A un año de reiniciar el tablero institucional, el Poder Judicial debate su futuro entre presiones cupulares, colapso de fechas y los destellos técnicos de su capacitación y defensoría.

A dos siglos de que Chihuahua comenzara a forjar su propia administración de justicia, nuestro Poder Judicial acaba de cumplir el primer año de su refundación total. Fuimos de las pocas entidades que decidieron reiniciar el tablero desde cero. La promesa fue mayúscula: autonomía absoluta, vocación humanista y una impartición de justicia pronta, ágil y cercana a la gente.

Hoy, el balance de estos primeros doce meses exhibe a un gigante que marcha a paso lento, con tropiezos que resultaría irresponsable soslayar, pero con rumbo. Es verdad que esperábamos más; no obstante, regatear los logros sería tan injusto como cerrar los ojos ante las deficiencias evidentes.

Sombras institucionales y tensiones internas

En el terreno de las sombras, la política y las fricciones cupulares siguen cobrando una factura muy alta. Hemos atestiguado episodios profundamente lamentables:

Presiones indebidas y señalamientos sin cauce legal: Desde señalamientos contra magistrados penales por pretender dictar línea a jueces de primera instancia, hasta confrontaciones abiertas y amenazas en el seno del propio Pleno. Convertir el foro de mayor altura jurídica del estado en una arena de descalificaciones estériles —sin sustento en denuncias formales— degrada la investidura jurisdiccional.

El centralismo como retroceso procesal: La desaparición de las magistraturas regionales, como las de Parral, volvió a estrangular los procesos en las distintas zonas del estado. Concentrarlo todo en la capital bajo el argumento del «sorteo de criterios» no abona a la operatividad; genera un severo embudo donde el único rector debiera ser la estricta aplicación del derecho y no la contingencia del azar.

El colapso en las materias civil y familiar: La saturación ha alcanzado umbrales alarmantes. Advertir audiencias fijadas para los primeros meses de 2027 constituye la antítesis de la justicia pronta y expedita que mandata la Constitución. Aquí radica la verdadera prueba de fuego del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: no debe concebirse como una guillotina política ni punitiva, sino erigirse como un órgano eminentemente técnico, garante de la ética, el rendimiento y el desahogo procesal.

La luz: vocación, formación y humanismo

En la otra orilla, sin embargo, resiste una judicatura digna, comprometida y con sobrada estatura moral.

Sin duda, lo más rescatable y promisorio de este arranque es el vigor institucional que han mostrado áreas clave para el servicio directo a la sociedad:

La profesionalización judicial: Destaca la intensa labor desarrollada por el INFORAJ, bajo la conducción del magistrado en retiro César Fernando Ramírez Franco, entendiendo que la capacitación no es un mero trámite curricular, sino la profesionalización indispensable de quienes deciden sobre la libertad y el patrimonio de los chihuahuenses.

La defensa del vulnerable: Cobra igual relevancia el impulso en la Defensoría Pública, encabezada por Rocío Sarmiento, pilar insustituible para asegurar que la tutela judicial efectiva no sea un privilegio de unos cuantos, sino una garantía real al alcance de todos.

Rostro humano en los juzgados: Resalta el trabajo de juzgadores que resuelven con independencia frente a presiones mediáticas y políticas, amparados únicamente en la ley. Ejemplo de ello es el Juzgado de Ejecución de Penas, a cargo de la jueza Silvia Padilla, quien demuestra que la última etapa procesal no es un trámite burocrático de encierro y castigo, sino un ejercicio de profundo humanismo que recuerda que tras cada expediente existe una persona, una familia y una posibilidad genuina de reinserción social.

Exigencia de futuro

El poder se ejerce para servir y para equilibrar; jamás para subordinar. En materia jurisdiccional, la división de poderes no puede reducirse a una línea imaginaria ni a una concesión graciosa de la coyuntura política.

Chihuahua no se ha estancado: avanza a tropiezos, despacio, pero marcha. Nos corresponde a los abogados litigantes, al foro jurídico, a los medios de comunicación y a la ciudadanía entera seguir empujando con rigor crítico para que este modelo no termine naufragando en un experimento de buenas intenciones, sino que cuaje en la justicia sólida, independiente y humana que nuestro estado demanda.

*Abogado litigante, presidente del Colegio de Juristas Jorge Mazpulez Pérez, vocero de la FECHCA y miembro de la AECHIH.