El Gobierno de Chihuahua acaba de recibir un reconocimiento nacional que no pasó desapercibido. El Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil obtuvo el Premio NovaGob México 2026 en la categoría de Innovación en Desarrollo Social, con el 84.5 % de la votación ciudadana. La gobernadora Maru Campos ha puesto el acento en este resultado: un modelo que articula prevención, detección, atención y seguimiento, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad como la Sierra Tarahumara. No es solo un discurso. Es un programa que el propio gobierno estatal presenta como referente y que, al menos en este ejercicio de votación abierta, la ciudadanía respaldó de manera contundente.

El contraste con el relato federal es inevitable. Mientras en Palacio Nacional se enumeran hospitales inaugurados, consultas de especialidad al alza y la expansión del IMSS-Bienestar como prueba de avance en salud, Chihuahua opera fuera de ese esquema y apuesta por estrategias propias. NutriChihuahua y el programa contra la desnutrición infantil no nacieron de una transferencia federal masiva ni de un anuncio nacional; nacieron de una decisión estatal de atender un problema concreto con herramientas locales. La Federación presume cobertura y números grandes. El Estado presume un modelo específico, intersectorial y focalizado en uno de los problemas más sensibles: la desnutrición de niñas y niños.

No se trata de negar que existan esfuerzos federales. Se trata de señalar la diferencia de enfoque. Un gobierno que se queda fuera del IMSS-Bienestar y aun así logra que un programa propio sea reconocido a nivel nacional por votación ciudadana está diciendo, con hechos, que la atención a la desnutrición infantil no se resuelve solo con comunicados ni con promesas de cobertura universal. Se resuelve con presencia, con coordinación entre dependencias y con resultados medibles en el terreno.

A dos años de administración, Salvador Calderón parece haber encontrado en las deudas heredadas su argumento favorito: hablar de que no hay dinero, de que el Ayuntamiento está limitado y de que los problemas vienen de gobiernos anteriores. Y cuando el discurso ya no alcanza, pareciera que también entran las lágrimas y el drama, como una manera de convencer a la ciudadanía de que el alcalde no puede hacer más porque recibió un municipio en malas condiciones. El problema es que ya pasaron dos años y las responsabilidades también se heredan, pero las nuevas decisiones son completamente de quien gobierna hoy. Algo parecido a la vieja fórmula de Andrés Manuel López Obrador, donde buena parte de los problemas del presente terminaban explicándose con la culpa de quienes gobernaron antes. En Parral, la pregunta es si Calderón pretende gobernar todo su periodo mirando por el retrovisor.

Porque mientras se habla de deudas, falta de recursos y dificultades financieras, también están los contratos y compromisos que ha generado la propia administración, algunos de ellos señalados por sus montos y por beneficiar a personas o empresas cercanas a su entorno. Entonces las lágrimas ya no bastan para explicar por qué no alcanza el dinero. Si no hay recursos, hay que cuidar cada peso; si hay deudas, hay que evitar generar otras innecesarias; y si se habla de austeridad, debe aplicarse parejo. Al final, los ciudadanos no eligieron a Calderón para administrar las excusas, sino para resolver problemas. Puede llorar, puede señalar a los anteriores y puede repetir que recibió un municipio endeudado, pero después de dos años la pregunta inevitable es otra: ¿cuánto de lo que hoy enfrenta Parral todavía es herencia y cuánto ya lleva el sello de Salvador Calderón?

El gobierno de Miriam Soto presume como uno de sus principales logros la pavimentación de más de 140 calles en cinco años, además de inversiones en agua potable, drenaje y Red Morada. La cifra suena impresionante, pero debería traducirse en una cabecera municipal prácticamente renovada; sin embargo, basta recorrer el centro de Meoqui para encontrarse con calles deterioradas, baches y una imagen urbana que no corresponde del todo con el discurso de modernización. Las cifras pueden lucir muy bien en un informe, pero la verdadera evaluación está en las calles y en lo que diariamente viven los ciudadanos.

Nadie niega que las obras realizadas sean necesarias ni que representen inversión para el municipio, pero una cosa es sumar proyectos y otra transformar de manera integral Meoqui. Los 98.5 millones de pesos destinados a 79 calles y los más de 3 mil metros de Red Morada son números que pueden presumirse, pero también deben contrastarse con la realidad. Después de cinco años, la pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirve presumir más de 140 calles pavimentadas si en el propio corazón de Meoqui todavía hay vialidades que cuentan una historia muy distinta?

La salida de Juan Blanco Zaldívar del Departamento de Carreteras de Cuota no pasó desapercibida. A diferencia de otros funcionarios que simplemente entregan el cargo y se marchan, a Blanco lo despidieron entre aplausos, agradecimientos y lágrimas, incluso entregando su gafete en medio de una despedida que evidenció el aprecio que se ganó entre quienes trabajaron con él. Y bueno, haya sido como haya sido su paso por la dependencia —incluso con aquello de que se dice que ni oficina propia tenía—, lo cierto es que no cualquiera recibe una despedida de esa manera.

Pero más allá de los aplausos y las golondrinas, queda la pregunta política que sigue en el aire: ¿quién le pidió a Juan Blanco que dejara el cargo? Porque una cosa es la forma en que un funcionario se despide y otra muy distinta las razones por las que deja de serlo. La versión que ha trascendido es que le solicitaron su salida, pero hasta ahora no se ha explicado públicamente quién tomó la decisión ni por qué. Juan Blanco se fue entre muestras de afecto, pero alguien decidió que ya no debía continuar, y esa parte de la historia todavía está pendiente de contarse.

Sergio Luis Olvera Gallegos presentó su Segundo Informe de Gobierno, presumiendo obras, gestiones y resultados para las 11 comunidades de La Cruz, además de destacar la coordinación con otras instancias y llamar a dejar de lado los colores partidistas. Sin embargo, cuando se revisan los resultados y se hace una comparación con su antecesor, Fito Trillo, el actual alcalde sale perdiendo. Trillo, desde la trinchera, logró realizar un trabajo mucho más visible y con una cantidad de obras que, hasta ahora, Sergio Olvera está muy lejos de alcanzar. Por más que el informe presente cifras y discursos, la realidad es que en materia de obra pública la diferencia parece bastante marcada.

Y es que decir que todavía quedan “páginas por escribir” suena bien, pero el tiempo de una administración también se mide por lo que queda construido. Fito Trillo dejó una vara alta, mientras que Sergio Olvera, lamentablemente, no parece llegar ni a la mitad de lo realizado por su antecesor en cuanto a obras. Al final, los informes pasan y los discursos se olvidan, pero las obras permanecen; y justamente ahí es donde estará la verdadera evaluación del actual presidente municipal. Porque en La Cruz, la comparación con Fito Trillo sigue siendo inevitable y, por ahora, Sergio Olvera tiene mucho terreno que recuperar.

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Ya van 5 días con el edificio Héroes de la Revolución tomado por maestros de la normal y, al parecer, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo “Pachugo” Gutiérrez, sigue esperando que el conflicto se resuelva por generación espontánea. Porque acuerdos, lo que se dice acuerdos, todavía no aparecen.

Dicen que el movimiento tiene tintes políticos. ¡Ah, bueno! Entonces quizá alguien debería explicarle a Pachugo que, precisamente para eso existe la política: para negociar, conciliar y encontrar salidas. Porque si el asunto es político y tampoco hay diplomacia, ¿qué nos queda? ¿Esperar al quinto día, al sexto o hasta que los manifestantes decidan jubilarse en el campamento?

Mientras tanto, los maestros ya bloquearon durante dos días algunas de las principales calles del Centro, los trabajadores de las dependencias instaladas en el edificio no pueden laborar normalmente y los automovilistas tienen que hacer malabares para atravesar la zona. Todo un éxito de movilidad cortesía del conflicto educativo.

Y Pachugo, mientras tanto, parece haber adoptado la estrategia de “a ver quién se cansa primero”. Los maestros tienen campamento permanente; la ciudadanía, paciencia permanente; y la Secretaría, quién sabe si una estrategia permanente, porque hasta ahora no se nota.

Cinco días después, el edificio sigue tomado y las calles siguen pagando los platos rotos. Si de verdad el problema es político, quizá ya sea momento de hacer política, porque administrar un conflicto dejando que crezca no es precisamente diplomacia. Pachugo no necesita un curso de educación: necesita que alguien le enseñe a negociar.